La lucha contra el robo de vehículos y autopartes en la Ciudad de México se ha intensificado, tejiendo una red de estrategias que involucran a diversas autoridades, desde la Policía de Investigación y la Secretaría de Seguridad Ciudadana hasta instancias federales como la Secretaría de la Defensa, la Marina, la Guardia Nacional y la OCRA. Este esfuerzo conjunto ha rendido frutos, con una disminución del 57% en los robos de vehículos entre enero y julio de este año, comparado con las cifras de 2019. Pasamos de un promedio diario de 37 vehículos robados a 16, una cifra alentadora que refleja la eficacia de las acciones implementadas. Sin embargo, la batalla no termina con la disminución de los robos. Detrás de cada vehículo desmantelado, hay una compleja red de encubrimiento y receptación que también debe ser desmantelada.

El reciente aseguramiento de 408 toneladas de autopartes en la alcaldía Cuauhtémoc, junto con la detención de dos individuos por encubrimiento por receptación, nos lleva a una pregunta crucial: ¿Por qué no se les acusa directamente del robo? La clave está en la sutil, pero importante, diferencia legal entre ambos delitos. El robo, ya sea de vehículo o autopartes, se configura con la sustracción ilegal del bien. El encubrimiento por receptación, en cambio, se aplica a quienes, sin haber participado en el robo inicial, adquieren, poseen, desmantelan, venden o, en general, se benefician de los bienes robados, sabiendo, o debiendo saber, su procedencia ilícita.

Imaginemos la escena: un vehículo es robado. Posteriormente, es llevado a un deshuesadero donde es desmantelado y sus partes se venden. Quienes robaron el vehículo cometieron el delito de robo. Quienes compran las autopartes a sabiendas de su origen ilícito, cometen encubrimiento por receptación. Es una cadena delictiva, y la ley ataca cada eslabón con precisión quirúrgica.

En el caso de las 408 toneladas de autopartes, la detención por encubrimiento por receptación es el primer paso. La investigación continúa, siguiendo el hilo del robo hasta su origen. Este hilo conductor puede llevar a la solicitud de órdenes de cateo para recuperar más bienes robados, y a la emisión de órdenes de aprehensión para quienes cometieron el robo original. No siempre es posible ejecutar todas las órdenes de aprehensión de inmediato. La complejidad de las redes criminales, la dispersión de los involucrados, la necesidad de reunir pruebas sólidas, son factores que influyen en la duración de las investigaciones.

Sin embargo, la detención en flagrancia de quienes poseen bienes robados, como ocurrió en el caso de las autopartes, es un golpe contundente a la cadena delictiva. Permite desmantelar parte de la operación, recuperar bienes, y, crucialmente, ganar tiempo. Ese tiempo se utiliza para recopilar más evidencia, fortalecer el caso contra los detenidos y, eventualmente, obtener las órdenes de aprehensión contra los autores intelectuales y materiales del robo. Es un trabajo meticuloso, un rompecabezas donde cada pieza, cada detención, cada cateo, nos acerca a la imagen completa del delito y nos permite desarticular estas redes que afectan el patrimonio de los ciudadanos. La lucha contra el robo de vehículos y autopartes es una carrera de resistencia, no de velocidad, y cada avance, por pequeño que parezca, nos acerca a la meta de una ciudad más segura.