El clamor por una justicia pronta y expedita resonaba en cada rincón del país, mucho antes de que la reforma judicial, ahora grabada a fuego en nuestra Constitución, viera la luz. El primero de septiembre marcó un hito, un antes y un después en la historia de nuestros tribunales. Con la llegada de los nuevos juzgadores, elegidos por la vía democrática, la esperanza se renovó. Las promesas, esas palabras que tantas veces han bailado al son de la retórica política, debían materializarse, transformarse en acciones concretas, en sentencias justas y, sobre todo, rápidas. La ciudadanía, harta de la lentitud y la opacidad, exigía resultados.

Sin embargo, la complejidad del sistema judicial, con sus múltiples facetas y responsabilidades, se vio simplificada, casi caricaturizada, en el discurso que acompañó a la reforma. Se mezclaron, de forma casi irresponsable, las demandas de seguridad con la delicada tarea de juzgar. Se habló de combatir la criminalidad como si fuera sinónimo de impartir justicia, sin comprender que la justicia es mucho más que eso.

En esa vorágine de simplificaciones, se vació de contenido el propio significado de "juzgar". Se confundieron las altas responsabilidades del Tribunal Constitucional con las funciones de un juez penal, como si ambos operaran en el mismo plano. Se olvidaron las funciones de mediación y conciliación que desempeña un juez civil, la importancia de la certeza jurídica que brinda un juez mercantil para el buen funcionamiento de los negocios, el papel fundamental del juez laboral en la búsqueda del equilibrio entre las partes y la reparación del daño. Y, lo más grave, se soslayó la trascendental importancia del juez familiar para el tejido social.

Precisamente en este punto, en la justicia familiar, quiero detenerme. De acuerdo con las estadísticas del INEGI, la justicia familiar representa una parte significativa del total de juicios en nuestro país. Y no es casualidad. Como bien señalan Mary Jo Maynes y Ann Walter, la familia es el núcleo esencial para la construcción de la identidad cultural de una nación. Las familias moldean los destinos individuales y colectivos, son agentes de transformación histórica. Por lo tanto, los jueces familiares, al proteger a la familia, se convierten en guardianes del futuro de México.

La justicia familiar no puede encasillarse en formatos preestablecidos ni en medidas estandarizadas. Es una justicia que debe adaptarse a cada conflicto, a cada historia, a cada reclamo particular. En este ámbito, no hay lugar para las promesas vacías. Detrás de cada expediente, se encuentran en juego los destinos de personas, familias enteras, y, en última instancia, el destino colectivo de nuestra nación.

Ahora que el fervor de las elecciones ha pasado, es momento de recordar que juzgar es, ante todo, velar por la paz social. Las promesas deben traducirse en soluciones reales, en remedios efectivos e inmediatos. La justicia familiar debe ser humana, digna y consecuente. Las Moiras, esas figuras mitológicas que tejen el destino de los hombres, continuarán hilando la historia de México. Solo el tiempo dirá cómo quedará este nuevo telar jurisdiccional que hemos construido. El futuro nos juzgará por nuestras acciones, no por nuestras palabras.