La consternación sacude a la comunidad de Cayambe, en la provincia de Pichincha, Ecuador, tras la revelación de un presunto caso de violación grupal que involucra a cuatro docentes y al arrendatario de una vivienda. Dos alumnas de tan solo 17 años habrían sido las víctimas de este terrible suceso, que ha dejado una profunda herida en la confianza depositada en el sistema educativo. El caso, denunciado en abril de este año, ha avanzado a la fase de juicio, con la Fiscalía presentando más de 80 elementos de convicción, una verdadera montaña de evidencias que apuntan a la culpabilidad de los acusados.

Imaginen la escena: dos jóvenes, llenas de ilusiones y con el deseo de aprender, realizando sus prácticas de enfermería, un paso crucial en su camino hacia una profesión dedicada al cuidado de los demás. Es en este contexto de vulnerabilidad que, según la Fiscalía, los docentes Bryan Iván T. A., Luis Fernando L. S., Isaac Fernando O. Z. y Carlos Ignacio Q. F., aprovecharon su posición de autoridad para, presuntamente, convencer a las menores de acompañarles a una vivienda en Cayambe. Allí, junto con Juan Emilio C. T., dueño del inmueble, les habrían suministrado bebidas alcohólicas hasta dejarlas inconscientes.

El horror que debieron experimentar estas jóvenes al despertar en camas separadas, con los cuerpos doloridos y la mente confusa, es indescriptible. La desorientación, el miedo, la violación de su intimidad… Una de ellas, en un acto de valentía admirable, logró enviar un mensaje de auxilio a su familia, una pequeña luz en medio de la oscuridad que permitió la intervención policial. Las madres, angustiadas por la ausencia de sus hijas, las localizaron en un vehículo junto a los presuntos agresores, quienes fueron detenidos en flagrancia.

La Fiscalía ha reconstruido minuciosamente los hechos, presentando testimonios anticipados, pericias médico-legales e informes psicológicos que dibujan un panorama desolador. Se acusa a los docentes bajo el artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que agrava el delito por su posición de autoridad y confianza sobre las víctimas. Las penas, de ser hallados culpables, podrían superar los 22 años de prisión. Juan Emilio C. T., por su parte, enfrenta cargos como coautor por facilitar el espacio donde se cometió el presunto delito.

La indignación de la comunidad es palpable. ¿Cómo es posible que quienes tienen la responsabilidad de educar y proteger a nuestros jóvenes se conviertan en sus victimarios? La confianza en el sistema educativo se ve gravemente afectada por casos como este, que nos obligan a reflexionar sobre la necesidad de mecanismos más efectivos para prevenir y sancionar este tipo de abusos.

Inicialmente, el juez dictó medidas sustitutivas para algunos de los acusados, como presentaciones periódicas y prohibición de salida del país. Sin embargo, la situación cambió drásticamente cuando Bryan Iván T. A. incumplió estas disposiciones, acercándose a las víctimas, un acto de intimidación que le valió la prisión preventiva por desacato a la autoridad. Actualmente, existen boletas de captura vigentes para los demás procesados, quienes deberán responder ante la justicia por sus presuntos actos. El juicio oral será el escenario donde se presentarán y analizarán las pruebas, en busca de la verdad y la justicia para estas dos jóvenes cuyas vidas han sido marcadas para siempre por este terrible suceso. La sociedad ecuatoriana espera con ansias el desarrollo del proceso y confía en que se aplique todo el peso de la ley a los responsables.