La sombra de la censura y la intimidación se cierne sobre Chiapas. Un estado históricamente marcado por la lucha social y la defensa de los derechos humanos, hoy se encuentra en el ojo del huracán debido a las graves acusaciones contra Horacio Culebro Borrayas, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La paradoja es estremecedora: el encargado de velar por las garantías individuales, señalado como perpetrador de hostigamiento y represalias contra una periodista que se atrevió a denunciar presuntas irregularidades.

Mary José Díaz Flores, con la valentía que caracteriza a quienes ejercen el periodismo crítico, destapó una olla exprés de sospechas. Documentos en mano, expuso públicamente la presunta apropiación de recursos por parte de Culebro Borrayas y su hijo, a través de deducciones salariales al personal de la Comisión y desvíos hacia una fundación dirigida por este último. Lejos de una investigación transparente, la respuesta fue una embestida feroz. Una campaña de desprestigio, orquestada desde las sombras, buscó silenciar la voz de Díaz Flores y sembrar dudas sobre su credibilidad. Un trabajador, que corroboró las denuncias de los descuentos salariales, fue despedido, demostrando la vulnerabilidad de quienes se atreven a hablar contra el poder.

El eco de la denuncia resonó en las calles de Tuxtla Gutiérrez. Periodistas, cansados de la impunidad y la agresión, marcharon del emblemático Parque de la Marimba al Congreso del Estado. Un río de pancartas y consignas exigiendo justicia y la destitución de Culebro Borrayas inundó las calles. La solidaridad se convirtió en un escudo protector contra el miedo. La voz de Mary José Díaz Flores se multiplicó en las gargantas de sus colegas, quienes, conscientes del peligro que acecha a la prensa en México, alzaron la voz para defender no solo a una compañera, sino a la libertad de expresión misma.

Ante los diputados, Díaz Flores no solo exigió la destitución del titular de la CEDH, sino que solicitó a la Fiscalía General del Estado una investigación a fondo sobre los hechos denunciados, incluyendo la violencia digital y el presunto uso de recursos públicos para la difamación. Además, pidió a la Policía Cibernética indagar la participación del hijo de Culebro Borrayas en la orquestación de la campaña de desprestigio. La petición es clara: que se aplique la ley sin importar el cargo o la influencia del acusado.

La mirada ahora está puesta en el Poder Legislativo. La sociedad chiapaneca y la comunidad periodística nacional esperan una respuesta contundente. La celeridad y la firmeza con la que actúen los diputados enviará un mensaje claro: si se permite que la intimidación y la censura prevalezcan, se abre la puerta a un futuro oscuro donde la verdad sea silenciada y la justicia sea un espejismo. El caso de Mary José Díaz Flores no es un hecho aislado, es un síntoma de la precariedad en la que se ejerce el periodismo en México. Es un llamado urgente a la defensa de la libertad de expresión y al fortalecimiento de las instituciones que deben garantizarla. La pregunta que queda en el aire es si las autoridades estarán a la altura del desafío.