La madeja de la corrupción tejida durante el reinado priista en el Estado de México parece no tener fin. El Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM), otrora garante de la transparencia, se convirtió en un instrumento de impunidad, un escudo protector para directores generales, presidentes municipales y una larga lista de funcionarios que manejaron a su antojo millonarios recursos públicos. Los acuerdos, susurrados en la penumbra, blindaban a los responsables de los desvíos. No había documentos, solo pactos sellados con la complicidad del silencio y, se rumorea, con jugosas recompensas económicas.

Figuras como Horacio Roa Flores y Ernesto Victoria Mercado, auditores especiales del OSFEM, se convirtieron en piezas clave de este entramado. Su cercanía con el poder les permitía orquestar la impunidad a cambio, según se dice, de beneficios millonarios. Presidentes municipales, amparados por la cúpula del poder, veían cómo las acusaciones de saqueo al erario se desvanecían y, en un giro sorprendente, se transformaban en funcionarios estatales. La filiación política, aparentemente un obstáculo insalvable, se diluía ante la promesa del enriquecimiento ilícito.

El caso de Marco Antonio Rodríguez Hurtado, el panista que súbitamente olvidó sus colores partidistas al llegar a la alcaldía de Tlalnepantla, es un ejemplo paradigmático de esta metamorfosis. Su colaboración con el PRI allanó el camino para el regreso del partido al poder municipal en 2009, de la mano de Arturo Ugalde Meneses. Otro caso emblemático es el de Jesús David Castañeda Delgado, el priista que logró integrarse al gobierno estatal y esquivar las acusaciones de corrupción que lo perseguían desde su gestión como alcalde de Atizapán. Y qué decir de Pablo Basáñez… pero esa, como dicen, es otra historia.

En contraste con la opacidad del pasado, el diputado José Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), rindió cuentas sobre el primer año de ejercicio constitucional de la 62 Legislatura. Vázquez Rodríguez destacó la colaboración del Poder Legislativo con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y el Poder Judicial para construir el "segundo piso de la Cuarta Transformación". Transparencia, diálogo y resultados son los pilares de esta nueva etapa, con el firme propósito de priorizar las necesidades de la ciudadanía. La aprobación por unanimidad del 95% de las iniciativas presentadas (748 en total, de las cuales se aprobaron más del 45%) refleja la voluntad de consenso y el compromiso con la transformación. La reelección de Vázquez Rodríguez como presidente de la JUCOPO ratifica la confianza depositada en su liderazgo.

Finalmente, una nueva era se abre en el Poder Judicial del Estado de México con el nombramiento de Héctor Macedo García como presidente. Macedo García, con una sólida trayectoria de 32 años en el ámbito judicial, ha recorrido todos los escalafones, desde técnico judicial hasta magistrado. Su experiencia y conocimiento del sistema auguran una gestión orientada a la eficiencia y la justicia. Su nombramiento representa una oportunidad para fortalecer la institución y recuperar la confianza de la ciudadanía. ¿Será capaz de romper con las prácticas del pasado y construir un Poder Judicial transparente e imparcial? Solo el tiempo lo dirá.