La reciente destrucción de una lancha y la muerte de sus tripulantes a manos del Departamento de Guerra de Estados Unidos, bajo la justificación de un operativo antidrogas, ha encendido las alarmas a nivel internacional. Este acto, más allá de la polémica política que genera en torno al régimen de Nicolás Maduro, envía un mensaje claro y contundente a los cárteles mexicanos: Estados Unidos está dispuesto a utilizar la fuerza letal en su guerra contra el narcotráfico. La amenaza proferida por el presidente Trump de “destruir” cargamentos de droga y a quienes los transporten, deja entrever una política exterior agresiva y potencialmente peligrosa.

Si bien el gobierno estadounidense argumenta la necesidad de proteger su territorio, la legitimidad de sus acciones es cuestionable. La falta de jurisdicción, la ausencia de pruebas contundentes y la ejecución extrajudicial de sospechosos sin el debido proceso, violan principios básicos del derecho internacional. El incidente de la lancha, con versiones contradictorias sobre su destino real (¿Estados Unidos o Trinidad y Tobago?), ilustra la opacidad y la confusión que rodea estas operaciones.

La transformación del Departamento de Defensa en Departamento de Guerra, junto con el despliegue de miles de soldados en la frontera con México, confirma la postura ofensiva adoptada por la administración Trump. El objetivo, según declaraciones oficiales, es combatir el narcoterrorismo y la inmigración ilegal. Sin embargo, la declaración de Emergencia Nacional y la designación de los cárteles mexicanos como grupos terroristas, otorgan al Pentágono poderes excepcionales, incluyendo el uso de la fuerza letal contra supuestos traficantes.

Expertos legales advierten sobre el peligro latente de esta combinación de decretos presidenciales. La información confidencial que maneja el Comando Norte, sumada a la facultad de actuar bajo la premisa de una “amenaza a la seguridad nacional”, crea un escenario propicio para abusos de poder y violaciones a los derechos humanos. No se trata de una simple “lista negra” elaborada por la DEA, sino de un marco legal que permite la ejecución extrajudicial de sospechosos sin evidencias sólidas ni un proceso judicial justo.

La situación es extremadamente preocupante. El Comando Norte tiene la prerrogativa de eliminar cualquier "amenaza", bajo su propia interpretación y sin necesidad de presentar pruebas. Este poder discrecional abre la puerta a posibles excesos y pone en riesgo la vida de personas inocentes. La comunidad internacional debe estar vigilante y exigir que Estados Unidos respete el derecho internacional y garantice el debido proceso a todos los sospechosos. El combate al narcotráfico no puede justificar la violación de derechos fundamentales ni la aplicación de la justicia por mano propia.