En un contexto donde la desigualdad económica sigue siendo un desafío persistente, el nuevo Paquete Económico 2026 se presenta como un punto de inflexión, un cambio de paradigma en la forma en que se gestionan los recursos públicos. No se trata simplemente de números y cifras, sino de una declaración de principios: la justicia social como eje rector de las políticas económicas. Este documento, elaborado por el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, propone una redistribución de la carga fiscal, buscando que quienes más tienen, contribuyan de manera más equitativa al desarrollo del país.

La eliminación de la deducibilidad de las aportaciones bancarias al IPAB es una medida emblemática de esta nueva visión. Durante años, este privilegio fiscal ha permitido a las instituciones financieras beneficiarse de un sistema que, paradójicamente, fue creado para protegerlas. Mientras tanto, millones de mexicanos han luchado por acceder a servicios básicos. Recuperar estos 10 mil millones de pesos no es un capricho, es una necesidad. Es una decisión que busca equilibrar la balanza, inyectando recursos a la inversión pública y a los programas sociales, motores fundamentales para el crecimiento económico inclusivo.

Este Paquete Económico no se limita a redistribuir la riqueza, sino que también apuesta por la austeridad republicana. No se trata de recortar programas esenciales que benefician a la población, sino de eliminar el dispendio, los gastos superfluos que no contribuyen al bienestar general. Se trata de optimizar el uso de los recursos públicos, asegurándose de que cada peso invertido tenga un impacto real en la vida de las personas.

El ajuste al IEPS, sin duda, generará controversia. Algunos lo tildarán de "nuevo impuesto", sin embargo, es importante analizar su propósito. No se trata simplemente de recaudar más, sino de hacerlo con un objetivo claro: fortalecer el sistema de salud y la infraestructura social. Además, este gravamen busca desincentivar el consumo de productos nocivos para la salud, como los refrescos, cuyo consumo excesivo, especialmente entre los jóvenes, genera un alto costo para el sistema de salud. ¿No es acaso justo que quienes se benefician de la venta de estos productos contribuyan a mitigar los efectos negativos que generan?

La oposición, previsiblemente, intentará desacreditar el Paquete Económico. Su discurso, anclado en la defensa de los privilegios de unos pocos, choca frontalmente con la visión de un gobierno que prioriza el bienestar de la mayoría. El debate que se avecina en el Congreso no es meramente técnico, es un debate sobre el modelo de país que queremos construir. Es una confrontación entre dos visiones antagónicas: la que privilegia los intereses de la élite económica y la que busca la justicia social y la igualdad de oportunidades.

El Paquete Económico 2026 no es una solución mágica a todos los problemas, pero sí representa un paso firme en la dirección correcta. Es una apuesta por un México más justo, donde la prosperidad se comparta y donde el Estado asuma su responsabilidad de garantizar el bienestar de todos sus ciudadanos. El reto es grande, pero la convicción es aún mayor. Con responsabilidad y justicia social, construiremos un futuro mejor para todos. El camino está trazado, y la voluntad política es inquebrantable.