Sinaloa anhela la paz. Esa fue la consigna que resonó con fuerza en las calles de Culiacán este domingo, un clamor colectivo que unió a miles de voces, a familias enteras, colectivos y organizaciones, bajo un mismo propósito: exigir un alto a la violencia que azota a la entidad. Desde el emblemático Santuario de Guadalupe, el punto de partida de esta manifestación pacífica, hasta la avenida Álvaro Obregón, el río humano fluyó como un testimonio irrefutable del anhelo compartido por la tranquilidad y la seguridad.

Las palabras del gobernador Rubén Rocha Moya, reconociendo la legitimidad de este clamor popular, no hacen sino ratificar la urgencia de la situación. "No tenemos paz", admitió el mandatario, un diagnóstico franco que coincide con el sentimiento generalizado de la ciudadanía. "Tienen razón los que se manifestaron", añadió, validando así la marcha "Ya basta, queremos paz" como un ejercicio legítimo del derecho a la expresión y a la protesta social. Este reconocimiento público de la incompleta labor en materia de seguridad abre la puerta a la esperanza, al establecer un punto de partida para un diálogo constructivo entre el gobierno y la sociedad.

Más allá de la felicitación a los manifestantes, las palabras del gobernador deben traducirse en acciones concretas y contundentes. El respaldo a la ciudadanía no puede quedarse en el discurso, sino que debe materializarse en estrategias eficaces que permitan combatir de raíz las causas de la violencia. El compromiso de "mantener un esfuerzo constante para enfrentar a la delincuencia organizada y común", exige una revisión profunda de las políticas de seguridad, una mayor coordinación entre las distintas instancias gubernamentales y una firme determinación para llevar ante la justicia a quienes perturban la paz social.

La construcción de la paz es una tarea colectiva, un esfuerzo conjunto que requiere la participación activa de todos los sectores de la sociedad. La marcha del domingo, con su impresionante convocatoria, demuestra que la ciudadanía está dispuesta a asumir su responsabilidad. Ahora, es imperativo que las autoridades respondan con la misma convicción, con la misma firmeza, y con la misma urgencia, para que el anhelo de paz deje de ser una consigna y se convierta en una realidad tangible para todos los sinaloenses. El camino hacia la paz no es sencillo, pero la movilización ciudadana y el reconocimiento de las autoridades son pasos firmes en la dirección correcta.

La manifestación también deja en evidencia la necesidad de abordar las causas estructurales de la violencia, como la desigualdad social, la falta de oportunidades y la corrupción. Un plan integral de seguridad debe incluir políticas públicas enfocadas en la prevención, la reinserción social y el fortalecimiento del tejido social. Además, es fundamental garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia.

El diálogo permanente entre el gobierno y la sociedad civil será clave para avanzar en la construcción de la paz. Es necesario crear espacios de participación ciudadana donde se puedan discutir y proponer soluciones conjuntas a los problemas de seguridad. La sociedad organizada tiene un papel fundamental en la vigilancia y el seguimiento de las políticas públicas, así como en la promoción de una cultura de paz y no violencia.