La decisión del gobierno de eliminar la deducción de impuestos que los bancos realizan por sus contribuciones al IPAB ha generado un intenso debate en el sector financiero. Si bien se entiende la necesidad del gobierno de aumentar la recaudación, muchos expertos advierten sobre las posibles consecuencias negativas de esta medida, especialmente en un momento en que se busca impulsar el crédito. La eliminación de esta deducción, que representa alrededor de 10 mil millones de pesos, impactará directamente en los ingresos de las instituciones financieras, reduciendo sus márgenes de utilidad y potencialmente limitando su capacidad de otorgar préstamos.

Esta medida, anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como parte del Paquete Económico 2026, plantea interrogantes sobre el equilibrio entre la necesidad de fortalecer las finanzas públicas y el objetivo de fomentar el crecimiento económico a través del crédito. Algunos analistas argumentan que, si bien la cantidad recuperada por el gobierno puede parecer significativa en términos absolutos, su impacto en el presupuesto general es relativamente pequeño, representando apenas un 0.12% de los ingresos. Sin embargo, para la banca, la pérdida de esta deducción representa un golpe considerable, equivalente al 3.47% de su utilidad neta, según cálculos de especialistas.

Es importante recordar que el IPAB juega un papel crucial en la estabilidad del sistema financiero, garantizando los depósitos de los ahorradores en caso de quiebra bancaria. Las cuotas que las instituciones financieras pagan al Instituto no solo cubren sus gastos operativos, sino que también contribuyen al Fondo de Protección al Ahorro Bancario (FPAB), un respaldo fundamental para la confianza del público en el sistema. Al reducir los ingresos de la banca, se podría afectar su capacidad de contribuir a este fondo, poniendo en riesgo, potencialmente, la estabilidad financiera a largo plazo.

La discusión en torno a esta medida apenas comienza y se espera un intenso debate en los próximos meses. Se necesita un análisis profundo que considere no solo el impacto inmediato en la recaudación, sino también las consecuencias a largo plazo para el sector financiero y la economía en su conjunto. ¿Es esta la mejor manera de fortalecer las finanzas públicas? ¿Existen alternativas que permitan al gobierno aumentar sus ingresos sin afectar la capacidad de la banca para otorgar crédito? Estas son algunas de las preguntas que se deben abordar en el debate público. Además, es crucial transparentar el destino de estos recursos adicionales. ¿Se utilizarán para financiar programas sociales? ¿Para inversión en infraestructura? La ciudadanía necesita conocer con precisión cómo se invertirá este dinero para poder evaluar la pertinencia de la medida.

Por otro lado, se debe considerar el contexto actual de la economía. En un momento de incertidumbre, ¿es prudente implementar una medida que podría afectar la rentabilidad de la banca y su capacidad de prestar? Algunos expertos sugieren que esta medida podría desincentivar la inversión y el crecimiento económico. Es fundamental que el gobierno presente un análisis exhaustivo de los posibles impactos de esta decisión y que se abra un espacio de diálogo con el sector financiero para buscar soluciones que beneficien a todos los actores involucrados.

Finalmente, es importante recordar que la estabilidad del sistema financiero es un pilar fundamental para el desarrollo económico. Medidas como esta deben ser cuidadosamente evaluadas para asegurar que no comprometan la solidez de las instituciones financieras ni la confianza de los ahorradores. El debate apenas comienza y se espera que en los próximos meses se profundice el análisis de esta medida y sus posibles consecuencias. La transparencia y la participación de todos los actores involucrados serán clave para encontrar soluciones que permitan fortalecer las finanzas públicas sin poner en riesgo la estabilidad del sistema financiero.