La democracia, ese complejo y vital engranaje que impulsa la legitimidad de nuestros gobiernos, requiere de un mantenimiento constante, una lubricación precisa que garantice su correcto funcionamiento. Y es precisamente en la capacitación, en la formación continua de quienes sirven a la ciudadanía desde la administración pública, donde encontramos una de las piezas clave para este delicado mecanismo. Por ello, la reciente firma del convenio de colaboración entre el gobierno de Monterrey, liderado por el alcalde Adrián de la Garza, y el Tribunal Estatal Electoral (TEE), se erige como un faro de esperanza en el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas.

Este acuerdo, más que un simple intercambio de firmas y apretones de manos, representa un compromiso tangible con la transparencia y la legalidad en los procesos electorales. Imaginen la potencia de un ayuntamiento cuyos funcionarios, desde el más alto cargo hasta el último eslabón de la cadena administrativa, comprenden a cabalidad la importancia de su rol en la construcción de una democracia sólida. Este convenio lo hace posible, abriendo las puertas a una serie de cursos y sesiones impartidas por el TEE, un organismo independiente y autónomo, garante de la justicia electoral en nuestro estado.

Las instalaciones municipales, otrora espacios dedicados a la gestión administrativa, se transformarán en aulas de aprendizaje, en crisoles donde se forjarán servidores públicos conscientes de la trascendencia de su labor en los procesos electorales. No se trata solo de entender la mecánica de las votaciones, sino de interiorizar los valores democráticos, de comprender que cada acción, cada decisión, tiene un impacto directo en la legitimidad de nuestros gobiernos.

El alcalde Adrián de la Garza, al destacar la importancia de este acuerdo, no solo reconoce la necesidad de fortalecer los procesos electorales, sino que subraya el valor de la certeza y la legitimidad en la gestión pública. Un gobierno legítimo es un gobierno fuerte, un gobierno que cuenta con el respaldo de la ciudadanía, un gobierno capaz de impulsar el desarrollo y el progreso de la comunidad.

Pero este convenio va más allá de la capacitación en materia electoral. Incorpora un componente crucial, un elemento que, en muchas ocasiones, ha sido relegado a un segundo plano: la participación política de las mujeres. La presidenta del TEE, Claudia Patricia de la Garza Ramos, ha puesto el dedo en la llaga al destacar la importancia del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, un espacio que busca garantizar la inclusión y la igualdad sustantiva en la vida pública. Con este acuerdo, se renueva el compromiso de impulsar la participación femenina en la política, un paso fundamental para construir una democracia verdaderamente representativa, una democracia que refleje la pluralidad y la riqueza de nuestra sociedad.

Imaginemos un futuro donde la igualdad de género no sea una aspiración, sino una realidad tangible en todos los ámbitos de la vida pública. Imaginemos un futuro donde las mujeres ocupen los espacios que les corresponden, aportando su talento, su visión y su liderazgo a la construcción de un Monterrey más justo, más equitativo y más próspero. Este convenio, con su enfoque en la inclusión femenina, nos acerca un poco más a ese futuro.

La presencia de magistrados del Tribunal, funcionarios y regidores de Monterrey en la firma de este acuerdo, no solo da fe de la importancia del mismo, sino que simboliza la unidad de propósitos, la convergencia de voluntades en torno a un objetivo común: fortalecer la democracia. Es un mensaje claro y contundente: Monterrey apuesta por la transparencia, por la legalidad y por la inclusión. Monterrey apuesta por un futuro democrático.