La renegociación del T-MEC se presenta como un desafío crucial para México, especialmente considerando la postura proteccionista de Estados Unidos en sectores clave como el acero, aluminio, cobre y la industria automotriz. Si bien la relocalización de la producción automotriz por parte de gigantes como General Motors, Ford y Stellantis a territorio estadounidense plantea un obstáculo, también abre una ventana de oportunidad para diversificar la economía mexicana y enfocarse en sectores con mayor potencial de crecimiento y menos sensibles para la administración estadounidense.

La industria farmacéutica, por ejemplo, representa una vía prometedora. Actualmente, las exportaciones mexicanas de productos farmacéuticos a Estados Unidos alcanzan apenas los mil millones de dólares anuales. Sin embargo, existe un amplio margen para triplicar esta cifra en los próximos dos años, capitalizando la necesidad de Estados Unidos de diversificar sus proveedores y reducir su dependencia de China, que actualmente le vende ocho mil millones de dólares al año en bienes farmacéuticos. México tiene la capacidad de convertirse en un proveedor confiable de biosimilares, siguiendo el ejemplo de Islandia, que en pocos años ha logrado posicionarse como un actor importante en este mercado, abasteciendo a Estados Unidos con 47 mil millones de dólares anuales en productos farmacéuticos de un total de 223 mil millones que importa.

Además de la industria farmacéutica, otros sectores como el de dispositivos médicos, la metalmecánica, la electrónica y los semiconductores ofrecen oportunidades significativas para el crecimiento económico de México. Estos sectores no representan una competencia directa para las industrias protegidas por Estados Unidos y, por lo tanto, tienen el potencial de fomentar una relación comercial más estable y mutuamente beneficiosa.

Para financiar las inversiones necesarias en estos sectores, el gobierno mexicano tiene a su disposición recursos considerables, como los fondos de las Afores, que acumulan 7.2 billones de pesos, de los cuales el 20% se encuentra en fondos establecidos en Nueva York. Firmas como BlackRock, por ejemplo, manejan importantes capitales que podrían ser canalizados hacia proyectos estratégicos en México.

La clave está en dejar de lamentarse por las condiciones del pasado y enfocarse en construir una nueva relación comercial con Estados Unidos, basada en la diversificación y la cooperación en sectores estratégicos. Este enfoque no solo permitirá mantener una relación estable con nuestro principal socio comercial, sino que también impulsará el crecimiento económico, la creación de empleos y el desarrollo tecnológico en México.

En cuanto a la relación bilateral con Estados Unidos, surgen interrogantes sobre quién asesora a la presidencia en estos temas, especialmente en materia de extradiciones. La reciente solicitud de México para que Estados Unidos extradite a personas relevantes para casos en México ha generado sorpresa y escepticismo entre los expertos. Este tipo de procedimientos son complejos y requieren la revisión de jueces, lo que hace poco probable que el Departamento de Estado interfiera en decisiones judiciales.

Los casos del exdirector de Pemex, Carlos Treviño, quien busca asilo político en Estados Unidos, y de Rafael Zaga, beneficiario de una visa "S" por su colaboración con las autoridades, ilustran la complejidad de estos procesos. La solicitud de extradición de Zaga, quien presuntamente proporcionó información a las autoridades mexicanas, parece contradictoria y podría afectar la reputación de México en materia de respeto al debido proceso.

En el ámbito financiero, la intervención gerencial en Intercam se destaca por su rapidez y transparencia, culminando en un tiempo récord de 70 días. Kapital Bank adquirió la mayor parte de los activos de Intercam, dejando pendiente la resolución de las observaciones del FinCEN. En contraste, los procesos de CI Banco y Vector se han desarrollado con mayor lentitud y opacidad, sin que se conozcan aún los interesados en adquirir sus activos.

Finalmente, las investigaciones de la Secretaría de la Marina se centran en Operadora de Aviación General (OAG), filial de Servicios Aéreos Estrella (SAE), por el arrendamiento de hangares en el aeropuerto de Toluca. Entre los arrendatarios se encuentran empresas como FlyMex, EOLO, Aerolíneas Ejecutivas, así como grandes corporativos como Carso, Grupo México, FEMSA, Grupo Salinas y Gruma-Banorte. Se estima que OAG percibe alrededor de 80 millones de pesos anuales por estos arrendamientos. Es crucial que estas investigaciones se lleven a cabo con transparencia y apego a la ley, para garantizar la certeza jurídica y la confianza en el sector.