El Paquete Económico 2026 llega hoy al Congreso, marcando el inicio de un debate crucial para el futuro de México. Más allá de las cifras y las proyecciones, este documento representa la materialización de las prioridades del gobierno y su compromiso con el bienestar de la ciudadanía. La pregunta que resuena con fuerza en este contexto es: ¿cuánto cuesta realmente la corrupción y qué estamos dispuestos a invertir para combatirla? Porque no se trata de un simple cálculo económico, sino de una cuestión de justicia social y de la construcción de un país más equitativo.

Las estimaciones, tanto nacionales como internacionales, son alarmantes: la corrupción le cuesta a México entre el 5% y el 10% de su PIB anualmente. Imaginemos por un momento lo que podríamos lograr con esos recursos si se destinaran a educación, salud, infraestructura o programas sociales. Cada peso desviado por la corrupción es una oportunidad perdida, un obstáculo para el desarrollo y una herida en la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

Mientras se discute la austeridad y la optimización del gasto, es fundamental no perder de vista la importancia de invertir en transparencia y rendición de cuentas. Fortalecer los órganos autónomos, las contralorías y los sistemas locales anticorrupción no es un gasto, sino una inversión estratégica. Es la única manera de garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y ética, y que lleguen a quienes más los necesitan.

La Encuesta MCCI 2024, aunque realizada en el año anterior, nos ofrece una fotografía de la percepción ciudadana sobre la corrupción en México: ocho de cada diez personas consideran que estos actos ocurren con mucha frecuencia. Esta percepción, lamentablemente arraigada en la realidad, exige una respuesta contundente por parte del Estado. No podemos seguir tolerando que la corrupción se normalice y se convierta en un obstáculo para el progreso del país.

Las compras públicas abiertas, los portales de datos verificables, las auditorías ciudadanas y la fiscalización rigurosa son herramientas indispensables para combatir la corrupción. Cada peso invertido en estos mecanismos representa una barrera contra los abusos de poder y el desvío de recursos. Es una inversión que se multiplica en beneficios para la sociedad, en términos de mayor eficiencia, mejor calidad de los servicios públicos y una mayor confianza en las instituciones.

El Paquete Económico 2026 debe ser analizado con responsabilidad y visión de Estado. No podemos caer en la trampa de la austeridad mal entendida, que recorta recursos esenciales para el funcionamiento de las instituciones y la lucha contra la corrupción. La austeridad debe ir acompañada de eficiencia, control y vigilancia, para garantizar que cada peso del presupuesto se utilice de manera óptima y en beneficio de la ciudadanía.

La propuesta de la Presidenta de la República respecto al fin de la deducción de bancos por aportes al Fobaproa es un tema que merece un análisis profundo y un debate informado. Es fundamental que los legisladores cuenten con el apoyo de asesores especializados para comprender las implicaciones de esta medida y tomar decisiones responsables.

Confiamos en que el Paquete Económico 2026 priorice las necesidades más básicas de los mexicanos, especialmente en las entidades federativas, y que se garantice la equidad en la distribución de los recursos. La fiscalización rigurosa de cada peso ejecutado es indispensable para asegurar que el dinero público se utilice de manera eficiente y transparente. El futuro de México depende de ello. No podemos permitir que la corrupción siga robándonos el presente y el futuro. Es momento de actuar con decisión y construir un país más justo y próspero para todos.