La conectividad, ese puente invisible que nos une al mundo digital, se sostiene sobre un pilar fundamental: el espectro radioeléctrico. Imaginemos un camino, una autopista de información que permite el flujo constante de datos que alimentan nuestros dispositivos móviles. Ese camino es el espectro, y en México, su elevado costo se ha convertido en una barrera, un peaje excesivo que dificulta el tránsito fluido de la innovación y la expansión de la cobertura, especialmente en zonas rurales y marginadas.

A las puertas de la discusión del Paquete Económico 2026, se vislumbra una oportunidad crucial: la posibilidad de reconfigurar nuestra política en torno al espectro y transformarlo en un auténtico motor de conectividad. No se trata simplemente de reducir un costo, sino de impulsar un cambio de paradigma que beneficie a todos los actores involucrados, desde los operadores y el Estado hasta, y sobre todo, los usuarios finales.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha alertado sobre la abismal diferencia entre los costos del espectro en México y los estándares internacionales. Tomemos como ejemplo las bandas AWS, esenciales para el despliegue de servicios 4G y 5G: en nuestro país, su precio supera en un 84% al promedio global. Esta disparidad no solo impacta la capacidad de inversión de los operadores, sino que crea un desequilibrio competitivo, favoreciendo al preponderante y limitando las posibilidades de crecimiento de otros jugadores. Imaginemos una carrera donde un corredor lleva un pesado lastre mientras los demás avanzan con mayor libertad. Esa es la realidad del mercado de las telecomunicaciones en México.

Las consecuencias de esta política son palpables: empresas que devuelven bloques de espectro, licitaciones desiertas y, en última instancia, una menor inversión en infraestructura. El Estado, si bien busca recaudar fondos, termina perdiendo a largo plazo, ya que se frena el desarrollo tecnológico y se limita la expansión de la conectividad. Es como sembrar una semilla en tierra árida: la cosecha será escasa.

La posibilidad de otorgar descuentos a operadores que cumplan con compromisos de cobertura es un primer paso, un brote de esperanza en este terreno árido. Sin embargo, necesitamos ir más allá. La Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), liderada por Pepe Merino, tiene la oportunidad de impulsar una reducción significativa en el costo del espectro, enviando una señal contundente al mercado y fomentando un ecosistema más competitivo y dinámico.

Además, el contexto internacional nos presenta una coyuntura favorable. En el marco de la revisión del T-MEC, Estados Unidos ha expresado su preocupación por el alto costo del espectro en México, considerándolo una barrera comercial. La Secretaría de Economía, bajo la dirección de Marcelo Ebrard, tiene la posibilidad de capitalizar esta situación y promover un ajuste que no solo fortalezca la competitividad de nuestro país, sino que también mejore las relaciones comerciales con nuestro principal socio.

Es momento de dejar de ver al espectro como una simple fuente de ingresos y empezar a concebirlo como un habilitador, una herramienta clave para el desarrollo. Un espectro accesible y sostenible permitirá detonar la inversión en redes, acelerar la expansión de la cobertura, especialmente en las comunidades más alejadas, y asegurar que los beneficios de la digitalización lleguen a todos los rincones del país. El debate presupuestal que se avecina es la oportunidad perfecta para sembrar las semillas de un futuro digital más inclusivo y próspero.