La tragedia de Pasta de Conchos, una herida abierta en el corazón de Coahuila, sigue clamando justicia. A más de 17 años de la explosión que sepultó a 63 mineros, la promesa de la presidenta Sheinbaum Pardo de no abandonar la búsqueda hasta encontrar al último de ellos resuena con fuerza en las familias que aún esperan. La lentitud del proceso, la angustia de la incertidumbre y la lucha incansable por la verdad, son un recordatorio constante de la importancia de la seguridad en el trabajo y la necesidad de que tragedias como esta nunca vuelvan a ocurrir. La identificación de 13 mineros hasta mayo pasado, aunque un paso importante, deja en evidencia la complejidad del rescate y la magnitud del dolor que aún persiste. El compromiso del gobierno actual de llevar justicia a las familias afectadas es un rayo de esperanza en medio de la oscuridad.

Por otro lado, el caso de Altos Hornos de México (AHMSA) representa un desafío económico y social de gran envergadura. La quiebra de esta emblemática empresa ha dejado a más de 14 mil trabajadores en la incertidumbre, con el temor a perder su sustento y el futuro de sus familias. La promesa de una liquidación justa, priorizando a los trabajadores por encima de cualquier otro acreedor, es un acto de justicia social que busca mitigar el impacto devastador de esta crisis. La intervención del gobierno en el proceso judicial, exigiendo que los derechos de los trabajadores sean respetados, demuestra un compromiso con la protección de los más vulnerables y la búsqueda de soluciones que beneficien a la comunidad. El camino hacia la recuperación económica y la reinserción laboral de los afectados será largo y complejo, pero la voluntad política de priorizar a los trabajadores es un primer paso fundamental.

La situación de los ganaderos, golpeados por el cierre de la frontera, también ha captado la atención del gobierno federal. La asignación de 600 millones de pesos en apoyo a Coahuila, que se suman a los recursos destinados a Sonora y Durango, busca aliviar la carga económica que enfrentan estos productores. Esta medida, que se suma a otros programas sociales implementados en la región, refleja la preocupación por el bienestar del sector agropecuario y la importancia de brindar apoyo a quienes se ven afectados por circunstancias externas. Es fundamental que estos recursos lleguen de manera efectiva a quienes más lo necesitan, y que se implementen estrategias a largo plazo que fortalezcan la resiliencia del sector ante futuras adversidades.

El respaldo del gobernador Manolo Jiménez a las acciones del gobierno federal en materia de seguridad refuerza la importancia de la colaboración entre los diferentes niveles de gobierno para combatir la delincuencia. La coordinación en operativos y la implementación de estrategias conjuntas son cruciales para garantizar la paz y la tranquilidad de la ciudadanía. El compromiso de ambas administraciones de enfrentar con firmeza a la delincuencia y de priorizar la seguridad de la población es un mensaje claro de que las instituciones están trabajando unidas para proteger a la comunidad.

La presencia de miembros del gabinete federal, como la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en el evento de rendición de cuentas, subraya la relevancia de los temas abordados y el compromiso del gobierno federal con Coahuila. El diálogo y la colaboración entre las autoridades federales y estatales son esenciales para encontrar soluciones a los desafíos que enfrenta la región y construir un futuro más próspero y seguro para todos sus habitantes.