El debate en torno al Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 se vislumbra como un momento crucial para el futuro de México. Más allá de las cifras y los tecnicismos, este documento representa la materialización de las prioridades nacionales, la traducción tangible de las promesas de campaña y, en última instancia, el reflejo del compromiso del gobierno con su pueblo. De ahí la importancia de un análisis profundo, alejado de posturas dogmáticas y abierto al diálogo constructivo.

La experiencia reciente nos ha dejado valiosas lecciones. Grandes proyectos como Dos Bocas, el Tren Maya o la resurrección de Mexicana de Aviación, si bien impulsados por una visión de desarrollo, han generado interrogantes sobre su viabilidad económica y su impacto real en la sociedad. Es imperativo que, a la hora de asignar recursos, se privilegie la eficiencia y la transparencia, evitando caer en la tentación de las obras faraónicas que, en ocasiones, se convierten en monumentos al despilfarro.

La verdadera transformación de México no se construye con cemento y acero, sino con la mejora tangible de la calidad de vida de sus ciudadanos. Es en los municipios, en el contacto directo con las necesidades de la gente, donde se palpa la verdadera urgencia de un presupuesto eficaz. Infraestructura hidráulica, carreteras, drenaje, alumbrado público: estas son las obras que marcan la diferencia en el día a día de las familias mexicanas. Desde Veracruz, hemos impulsado más de 50 proyectos de infraestructura solicitados por los futuros alcaldes, conscientes de la importancia de dotar a los municipios de las herramientas necesarias para cumplir con su mandato.

El federalismo, principio fundamental de nuestra organización política, exige un reparto equitativo de los recursos. No se trata de una simple fórmula matemática, sino de una visión de país que reconoce la diversidad y las particularidades de cada región. Un presupuesto centralizado, que concentra el poder de decisión en unas pocas manos, corre el riesgo de perpetuar las desigualdades y de ignorar las voces de quienes, desde la periferia, claman por atención.

El llamado a la responsabilidad no se dirige únicamente al Ejecutivo Federal, sino también, y de manera especial, a nuestros colegas legisladores. La aprobación del presupuesto no puede ser un mero trámite, un acto de obediencia ciega. El Poder Legislativo tiene la obligación de ejercer su función de contrapeso, de analizar con rigor la propuesta del Ejecutivo y, en su caso, proponer modificaciones que la enriquezcan y la ajusten a las necesidades reales del país.

Disentir no es un acto de rebeldía, sino una expresión de compromiso con la democracia. En el Partido Revolucionario Institucional, bajo el liderazgo de Alejandro Moreno Cárdenas y Rubén Moreira Valdés, asumimos la responsabilidad de analizar a fondo el presupuesto y de expresar nuestros puntos de vista con firmeza y respeto. Nuestro objetivo no es la confrontación estéril, sino la construcción de un consenso que beneficie a todos los mexicanos. Invitamos a nuestros colegas de MORENA, del PT y del Verde Ecologista a sumarse a este esfuerzo, a dejar de lado las consignas partidistas y a privilegiar el interés nacional.

El presupuesto 2026 no es un documento más; es un compromiso con el futuro. En nuestras manos está la posibilidad de construir un México más justo, más próspero y más equitativo. Es momento de estar a la altura del desafío.