La posibilidad de un subsidio al transporte público en la Ciudad de México ha abierto un intenso debate entre autoridades, transportistas y la ciudadanía. Representantes del Congreso capitalino y del Gobierno de la ciudad se reunieron con concesionarios y operadores del transporte público para analizar la viabilidad de esta medida, solicitando una propuesta conjunta que detalle las necesidades del sector y las soluciones que plantean para el 26 de septiembre. Esta fecha límite coincide con el inicio de las discusiones para el paquete económico de 2026, lo que añade un sentido de urgencia a la situación. La diputada Xóchitl Bravo, coordinadora de la bancada de Morena, y el diputado Pablo Trejo, coordinador de la Comisión de Hacienda, enfatizaron la sensibilidad del Congreso hacia los temas de movilidad y la necesidad de que cualquier propuesta de subsidio sea clara, permanente y con reglas bien definidas.

El trasfondo de esta discusión radica en la crisis financiera que enfrenta el transporte concesionado, descrita por Alejandro Luna, dirigente de Movilidad de Vanguardia (Mova), como una situación al borde del colapso. La diferencia entre los costos de operación, incluyendo la inversión en unidades y el mantenimiento, y la tarifa que pagan los usuarios, impuesta por las autoridades como una "tarifa social", ha generado un déficit que se agravó con la pandemia. Si bien la demanda se ha recuperado parcialmente, aún se encuentra un 20% por debajo de los niveles pre-pandémicos, con una tendencia a la baja del 2% anual. Factores como la competencia de transportes gubernamentales, el teletrabajo, y el auge de alternativas de movilidad individual como motocicletas, bicicletas y scooters eléctricos, contribuyen a esta disminución, complicando aún más la ya congestionada vialidad de la capital.

La brecha entre el costo real de operación y la tarifa cobrada a los usuarios es un punto crucial en el argumento de los transportistas. A esto se suma un déficit acumulado que crece al 5% anual. Para ilustrar la magnitud del problema, se comparó la evolución de la tarifa del transporte concesionado, que pasó de cuatro a ocho pesos entre 2005 y 2025, con el precio del diésel, que en el mismo periodo se incrementó de $5.24 a $25.48, un aumento del 386%. Este incremento es casi cuatro veces mayor que el de la tarifa, mientras que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) acumuló un crecimiento del 76% en el mismo lapso. Esto evidencia que la tarifa del transporte concesionado ha crecido muy por debajo de la inflación y del costo del combustible, generando una presión insostenible para las empresas.

A pesar de la crítica situación financiera, los transportistas se muestran dispuestos al diálogo con las autoridades y se comprometen a elaborar una propuesta que se analizará con legisladores, académicos y representantes del sector empresarial. Se hace un llamado a la unidad dentro del sector, rechazando la opción de un simple aumento de tarifa, que se considera una solución superficial que solo postergaría la crisis. La propuesta conjunta busca abordar el problema de fondo y evitar que el deterioro del servicio y la crisis de movilidad se agraven. La colaboración y el consenso se presentan como la clave para encontrar una solución viable y sostenible que beneficie tanto a los transportistas como a los usuarios y a la ciudad en su conjunto. El tiempo apremia y la expectativa está puesta en la propuesta que se presentará el 26 de septiembre, la cual podría marcar un punto de inflexión en el futuro del transporte público en la Ciudad de México.