Veintiún años. Dos décadas y un año. Ese es el tiempo que la justicia ha perseguido la sombra de un crimen que heló la sangre de la alcaldía Iztacalco en el ya lejano 2004. Veintiún años durante los cuales una hija, ahora convertida en prófuga, eludió el peso de la ley tras, presuntamente, arrebatarle la vida a su propio padre. Un parricidio que, como una herida abierta, supuró en el corazón de una familia y dejó una cicatriz imborrable en la memoria colectiva de la comunidad.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), como un sabueso incansable, nunca abandonó la pista. A través de los años, los investigadores siguieron el tenue rastro de la acusada, una mujer que se convirtió en fantasma, cambiando de identidad, de domicilio, de estado, siempre un paso por delante de la justicia. ¿Qué la impulsaba a huir? ¿Remordimiento, miedo, o la fría convicción de que la impunidad sería su aliada?

La historia, como un eco del pasado, resuena con la crudeza de los hechos. Una discusión familiar, la chispa que encendió la tragedia. Gritos, reproches, y luego, la violencia desatada. Golpes que resonaron en la quietud de la casa, hasta que el silencio se impuso, un silencio denso y premonitorio. El cuerpo sin vida del padre, un macabro testimonio de la furia desatada.

La imagen que sigue es aún más perturbadora. La hija, en un acto desesperado por ocultar su crimen, introduce el cuerpo en una bolsa de plástico. La escena, digna de una película de terror, se completa con el entierro clandestino en el patio de la misma casa que había sido escenario del parricidio. Un intento vano de borrar las huellas de la tragedia, un acto que solo la hundiría más en el abismo de la culpa.

La confesión a sus hermanos, a través de una llamada telefónica, fue el último acto de una mujer atormentada. Un grito desesperado en busca de redención, o quizás, un intento de aliviar el peso de su conciencia. La nota que dejaron junto al cuerpo enterrado, una súplica de perdón y una petición desgarradora: "No me busquen". Una despedida que resonaría en los oídos de sus hermanos durante dos largas décadas.

Finalmente, el 3 de septiembre de 2024, la larga espera llegó a su fin. Los agentes de la Policía de Investigación (PDI) lograron dar con el paradero de la fugitiva. La justicia, paciente e implacable, cerró el círculo. La acusada fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social en Santa Martha Acatitla, donde enfrentará las consecuencias de sus actos.

Ahora, el peso de la ley recae sobre ella. El proceso judicial, con todas sus garantías, determinará su situación jurídica. La presunción de inocencia, principio fundamental de nuestro sistema judicial, la ampara hasta que se dicte una sentencia condenatoria. Sin embargo, la sombra del pasado, los veintiún años de huida, y el eco de un crimen que conmocionó a una comunidad, seguirán presentes en este caso que nos recuerda la fragilidad de la vida y las consecuencias devastadoras de la violencia.