La sombra de la duda se extiende sobre Morena. ¿Acaso Ricardo Monreal no solo tolera, sino que protege a Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas? La hipótesis, por cruda que parezca, cobra fuerza al analizar el panorama político. El PRI se ha convertido en un salvavidas para la familia Monreal, una vía para aferrarse al poder en Zacatecas en 2027, con Saúl Monreal como abanderado. Con el camino cerrado en Morena por el candado contra el nepotismo, y una aparente –quizás artificial– disputa familiar, el tricolor se presenta como la única tabla de salvación para una dinastía política que se resiste a la idea del retiro.

Las acusaciones contra Alito Moreno se acumulan como una montaña: desvíos millonarios denunciados desde Campeche por Layda Sansores, agresiones físicas contra Gerardo Fernández Noroña, denuncias administrativas y penales… la lista es extensa. Legalmente, nada impide su desafuero y posterior juicio político. La ley es clara, la Cámara de Diputados tiene la facultad de retirarle la inmunidad para que un juez lo procese. Y Morena, en ambas cámaras, cuenta con los votos necesarios. Entonces, ¿dónde está el obstáculo? La respuesta no se encuentra en la aritmética parlamentaria, sino en la voluntad política que se gesta en San Lázaro, donde Monreal maneja los hilos del poder. A esta inacción se suma la pasividad de Hugo Eric Flores, presidente de la Sección Instructora, quien curiosamente promueve un nuevo partido con las iniciales de Claudia Sheinbaum (CSP). Mientras tanto, Alito Moreno gana tiempo, se viste de víctima y hasta coquetea con la posibilidad de pedir asilo político en Estados Unidos si la presión aumenta.

Desde Palacio Nacional, la cautela es la norma. Sheinbaum evita a toda costa cargar con el costo político de ser percibida como protectora de Moreno Cárdenas, pero tampoco parece dispuesta a romper el frágil equilibrio interno de Morena. El resultado es un preocupante limbo político: denuncias archivadas, un fuero intacto y un dirigente priista que continúa jugando a dos bandas.

En este escenario, el poder reside en las manos de Monreal y su grupo. La única certeza hasta el momento es que la justicia se negocia en función de intereses familiares y cálculos electorales. Alito Moreno no es el perseguido, sino el protegido. La 4T, al parecer, puede con todo, menos con sus propios pactos de impunidad. Un mensaje lapidario que resuena en los pasillos del poder.

Por otro lado, las grietas se hacen evidentes en el Poder Judicial. Las lagunas jurídicas, administrativas y legales que dejó la Reforma comienzan a generar estragos, particularmente entre el Órgano de Administración (OAJ), liderado por Néstor Vargas Solano, y el Tribunal de Disciplina, presidido por Celia Maya. El OAJ busca apropiarse del personal y la estructura del antiguo Consejo de la Judicatura, mientras que el nuevo Tribunal asume que muchas de esas posiciones les corresponden. La falta de acuerdos ha generado jaloneos y fricciones en diversas áreas, una situación que amenaza con escalar.

En el horizonte económico, el 8 de septiembre marcará la llegada del Paquete Económico 2026 al Congreso de la Unión, con la firma de Édgar Amador Zamora, titular de Hacienda. La primera confirmación, un nuevo impuesto a las refresqueras –adelantado por Ernestina Godoy, consejera jurídica de la Presidencia–, ya ha encendido las alarmas. La incertidumbre radica en si este criterio fiscal se extenderá al alcohol, al tabaco y a la comida chatarra, productos que se encuentran en la lista negra de Claudia Sheinbaum, quien desde el inicio de su mandato declaró la guerra a los causantes de la obesidad. ¿Se trata de una medida de salud pública o simplemente un pretexto para aumentar la recaudación? El dilema está planteado.

Y como diría un viejo conocido, “en política no hay coincidencias, solo conveniencias”. Una frase que resume a la perfección el complejo juego de poder que se desarrolla en México.