La degradación del discurso político en México es un tema que nos preocupa a todos. Ya no se trata de diferencias ideológicas, sino de una auténtica erosión de la convivencia democrática. Lo presenciado en la Comisión Permanente es solo la punta del iceberg de una problemática que se ha ido gestando durante años, alimentada por la retórica incendiaria y la polarización constante. Es innegable que el lenguaje utilizado por figuras públicas, especialmente desde el partido en el poder, ha contribuido a enrarecer el ambiente. El uso de apodos, la descalificación sistemática del adversario y la proliferación de noticias falsas han creado un clima de hostilidad que dificulta cualquier intento de diálogo constructivo.

Más allá de las palabras, observamos acciones que socavan las bases de nuestra democracia. Las acusaciones de corrupción, el presunto uso de programas sociales con fines electorales, la compra de votos, la creación de mayorías artificiales en el legislativo… son señalamientos gravísimos que deben ser investigados a fondo y con total transparencia. La impunidad no puede ser la norma. Necesitamos instituciones fuertes e independientes que garanticen el estado de derecho y la rendición de cuentas.

La violencia física, como la que vimos en el Senado, es la consecuencia lógica de este clima de tensión. No podemos normalizar la agresión como herramienta política. Empujones, insultos, amenazas… son comportamientos inaceptables que deben ser condenados enérgicamente por todos los actores políticos, independientemente de su afiliación. Es fundamental que se asuman responsabilidades y se tomen medidas para evitar que estos incidentes se repitan.

La lucha contra el crimen organizado es otro tema crucial que se ve afectado por la polarización. Las acusaciones cruzadas entre partidos, la difusión de información no verificada y la politización de la justicia obstaculizan los esfuerzos para combatir este flagelo que tanto daño le hace a nuestro país. Necesitamos unidad y un enfoque integral que involucre a todas las fuerzas políticas y a la sociedad civil. No podemos permitir que la lucha contra el crimen se convierta en un instrumento de propaganda política.

El caso de los funcionarios con visas revocadas por presuntos nexos con el crimen organizado es alarmante. Estas situaciones no solo dañan la imagen de México a nivel internacional, sino que también erosionan la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. Es indispensable que se realicen investigaciones exhaustivas y se apliquen las sanciones correspondientes a quienes resulten responsables. La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para recuperar la credibilidad del gobierno.

Es urgente un cambio de rumbo. Necesitamos un liderazgo que promueva el diálogo, el respeto y la reconciliación. Los ciudadanos merecemos un debate público alturado, basado en argumentos y no en insultos. La polarización solo beneficia a quienes buscan dividirnos. Es momento de construir puentes y trabajar juntos por un México más justo, democrático y seguro. El futuro del país depende de ello.