La sombra de la incertidumbre se cierne sobre Maconi, en el municipio queretano de Cadereyta de Montes. La actividad en la mina La Negra, un motor económico vital para cientos de familias, se ha visto frenada por una suspensión temporal decretada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua). El motivo: la construcción y operación de una presa de jales sin los permisos necesarios para el uso de aguas superficiales, una infracción que pone en jaque el delicado equilibrio ambiental de la región.

La noticia, como un eco sordo, recorre las calles de la comunidad. La mina, fuente de sustento para muchos, ahora se encuentra bajo la lupa de las autoridades. La inspección realizada por Conagua los días 27 y 28 de agosto destapó la irregularidad: una infraestructura hidráulica operando al margen de la ley, un riesgo latente para la salud del ecosistema y de las comunidades vecinas. Los jales mineros, con su carga de residuos y metales pesados, representan una amenaza silenciosa. Su potencial filtración a los cuerpos de agua, tanto superficiales como subterráneos, podría desencadenar una contaminación de consecuencias devastadoras.

La Sierra Gorda, un tesoro natural de alta vulnerabilidad ambiental, es el escenario de esta preocupante situación. La clausura, aunque temporal y parcial, busca poner un freno a la posible degradación ecológica y obligar a la minera a regularizar su situación. El mensaje de Conagua es claro: la tramitación de las concesiones correspondientes es el único camino para reanudar la operación de la presa de jales.

La Negra, una de las minas más importantes de Cadereyta, dedicada a la extracción de zinc, plomo, cobre y plata, se encuentra en una encrucijada. Su ubicación estratégica en Maconi la ha convertido en un pilar del desarrollo económico local, pero este rol no puede estar por encima de la seguridad hídrica y ambiental de la población. El dilema se presenta con crudeza: ¿progreso a costa del medio ambiente o un desarrollo sostenible que respete los recursos naturales?

Este caso no es un hecho aislado. La falta de regulación en las presas de jales es un problema recurrente en diversas zonas mineras del país. El almacenamiento inadecuado de estos residuos es una bomba de tiempo que puede detonar en deslizamientos, rupturas o filtraciones, poniendo en peligro la calidad del agua y la vida de las comunidades. La historia, lamentablemente, está llena de ejemplos que nos recuerdan las consecuencias de la negligencia ambiental.

La Conagua, con esta acción, envía un mensaje contundente al sector minero: el cumplimiento de la normatividad vigente es innegociable. Los operativos de inspección continuarán en distintas regiones del país, una garantía de que el uso del agua será legal, sustentable y seguro. En Querétaro, un estado donde la actividad minera convive con crecientes cuestionamientos sociales sobre su impacto ambiental, la clausura de La Negra se suma a otras acciones de vigilancia, reforzando el compromiso de las autoridades con la protección de los recursos naturales. El futuro de Maconi, de la Sierra Gorda y de la minería en México, depende del equilibrio entre el desarrollo económico y la preservación del medio ambiente.