La industria nacional respira aliviada. La reciente ola de prohibiciones a la importación ilegal de productos, desde calzado hasta llantas usadas, ha sido recibida con beneplácito por los empresarios. No es para menos, pues estas prácticas, amparadas en supuestos fines de importación temporal o renovación para reexportación, han representado una competencia desleal que socava la producción nacional y erosiona la base fiscal del país. El caso del calzado y la materia prima, que se importaba con exenciones fiscales para luego ser distribuida ilegalmente en el mercado interno, es un ejemplo paradigmático de cómo se burlaban los controles. De igual manera, la importación de llantas usadas, supuestamente para ser renovadas y reexportadas, terminaba inundando el mercado con productos de dudosa calidad, perjudicando a la industria nacional del neumático. La Cámara Nacional de la Industria Hulera, liderada por Juan Pablo Ríos y Valles, ha celebrado estas medidas, viendo en ellas una oportunidad para fortalecer la competitividad y la sostenibilidad del sector. Se abre así una ventana de esperanza para un mercado más justo y transparente.

Sin embargo, la lucha contra la ilegalidad no termina aquí. Un fantasma aún recorre la industria nacional: la regularización de los autos usados extranjeros, los llamados "chocolate". Este tema se ha convertido en el talón de Aquiles de la gobernabilidad industrial, una herida abierta que drena la vitalidad del sector automotriz. Mientras se prohíbe la importación de bienes como calzado o llantas, se permite la entrada masiva de vehículos usados, a menudo en condiciones precarias y sin cumplir con las normas de seguridad y emisiones. Esta contradicción flagrante genera un profundo malestar entre los empresarios del sector, quienes ven cómo el mercado se inunda de autos ilegales mientras las ventas de vehículos nuevos se desploman.

El reciente informe del Inegi, que revela una caída del 3% en las ventas de autos nuevos en agosto, pone de manifiesto la gravedad de la situación. La cifra de 124,167 unidades vendidas en el mes, comparada con las más de 128,000 de 2024, es un síntoma claro de la crisis que atraviesa el sector. Si bien el gobierno ha actualizado la lista de vehículos prohibidos para la importación y regularización, centrándose en modelos de ultra lujo como Bentley, Rolls Royce o Porsche, esta medida es insuficiente. El verdadero cáncer de la industria formal es la regularización masiva de autos chocolate, una política que ha generado hartazgo e indignación entre los empresarios.

La extensión del decreto regularizador hasta 2026, una decisión del expresidente López Obrador que fue recibida con incredulidad y desazón por el sector, agrava aún más el problema. La dinámica decreciente de las ventas exige una respuesta contundente: la suspensión anticipada de dicho decreto. Es una medida urgente e impostergable para salvar a la industria automotriz nacional de una crisis que amenaza con profundizarse.

Mientras tanto, en otros sectores se vislumbran signos de optimismo. Aklara, la plataforma de subastas de factoraje fundada por Alejandro Cortina y Pedro Noyola, proyecta un crecimiento del 40% en sus operaciones para el cierre de 2025. Con 15 mil facturas financiadas y más de $2 mil millones de pesos operados hasta septiembre, la empresa se consolida como un actor clave en el mercado del factoraje, contando entre sus clientes a importantes empresas como Grupo Aeroportuario del Pacífico, Bardahl y Car One. Por otro lado, Vemo, la empresa de transporte eléctrico y recarga liderada por Germán Losada y Roberto Rocha, ha conseguido un importante compromiso de inversión de $250 millones de dólares por parte del fondo Vision Ridge Partners. Este capital impulsará el ambicioso plan de Vemo de invertir $1,500 millones de dólares hasta 2030, consolidando su apuesta por la movilidad sostenible. Estas noticias inyectan una dosis de optimismo en el panorama económico, demostrando que la innovación y la inversión siguen siendo motores clave para el crecimiento.