Un cambio significativo se gesta en la Fiscalía General de la República (FGR). Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, quien previamente lideraba la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), asume el importante cargo de Fiscal Especializado en Materia de Derechos Humanos. Este nombramiento se produce tras la salida de Sara Irene Herrerías, quien ahora ocupa un asiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde el 1 de septiembre.

La designación de Sánchez Pérez del Pozo, si bien marca un nuevo capítulo en la defensa de los derechos humanos en México, llega en medio de un clamor por la transparencia y la participación ciudadana en la selección de figuras clave dentro de la FGR. Apenas días antes del anuncio, un conjunto de organizaciones de la sociedad civil, dedicadas a la defensa de derechos fundamentales, desde la búsqueda de personas desaparecidas hasta la protección de migrantes y víctimas de feminicidio, habían dirigido una carta al Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, solicitando un proceso de selección público y abierto.

La misiva, firmada por organizaciones que día a día trabajan en la primera línea de la defensa de los derechos humanos, planteaba la necesidad de una convocatoria pública que detallara los requisitos y la documentación necesaria para aspirar al cargo. Más allá de la mera formalidad, se proponía establecer plazos claros para las diferentes etapas del proceso, garantizando así la participación de candidatos idóneos y el escrutinio público.

Un punto crucial de la solicitud era la definición de una metodología objetiva para la evaluación de los candidatos, construida en colaboración con la sociedad civil. Esta metodología, basada en rubros transparentes y accesibles a todos, buscaba asegurar la imparcialidad y la idoneidad del proceso de selección.

Además, las organizaciones proponían la realización de pruebas técnicas que permitieran evaluar los conocimientos de los aspirantes en áreas clave: investigación con enfoque de macrocriminalidad, estándares internacionales en materia de derechos humanos, perspectiva de género e interseccionalidad, ciencias forenses, Derecho penal y Derecho procesal penal. Estas pruebas, diseñadas para evaluar las competencias específicas requeridas para el cargo, se presentaban como una garantía de la capacidad de los candidatos para enfrentar los complejos desafíos en materia de derechos humanos.

Para completar la propuesta, se solicitaban entrevistas públicas que permitieran tanto a miembros de la Fiscalía como a representantes de la sociedad civil formular preguntas a los candidatos. Esta instancia de diálogo abierto se concebía como una oportunidad para profundizar en las propuestas de los aspirantes y evaluar su capacidad de respuesta ante situaciones complejas.

La petición culminaba con la exigencia de que la decisión final se fundamentara en los resultados de este procedimiento y se motivara por escrito, garantizando así la transparencia y la rendición de cuentas.

La llegada de Sánchez Pérez del Pozo, con su experiencia en la investigación de agresiones a periodistas, abre interrogantes sobre el futuro de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos. ¿Se implementarán los cambios solicitados por las organizaciones de la sociedad civil? ¿Cómo abordará los desafíos pendientes en la defensa de los derechos fundamentales en el país? El tiempo y las acciones de la FGR darán respuesta a estas preguntas.