Un nuevo viento sopla en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Tras la llegada de los nuevos ministros elegidos por el pueblo, la promesa de una justicia más ágil y eficiente se materializa en 14 acuerdos cruciales. La propia ministra Loretta Ortiz Ahlf nos ha abierto una ventana a este nuevo panorama, detallando cómo se reconfigura el funcionamiento del máximo tribunal para responder a las demandas ciudadanas y al mandato constitucional de resolver los casos en un plazo máximo de seis meses.

Imaginen la transformación: de las antiguas salas, donde se resolvían decenas de casos semanalmente, a la concentración en el Pleno. Un cambio que, según la ministra Ortiz Ahlf, no sacrifica la eficiencia, sino que la potencia. Lunes y martes, la atención se centra en acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. De miércoles a jueves, el Pleno asume las responsabilidades que antes recaían en las salas, abarcando un amplio espectro: desde asuntos penales, civiles y familiares, hasta cuestiones mercantiles, fiscales, administrativas y laborales.

La clave, según la ministra, reside en la concentración de esfuerzos y en una nueva dinámica de trabajo que busca recuperar la agilidad del pasado. Para asegurar la transparencia y el cumplimiento del plazo de seis meses, se implementará una plataforma pública que permitirá a la ciudadanía seguir el curso de cada caso. Una herramienta que empodera al pueblo y lo convierte en vigilante del proceso judicial.

Pero la innovación no se detiene ahí. En los casos excepcionales donde un asunto no pueda resolverse dentro del plazo establecido, el ministro ponente deberá rendir cuentas ante el Tribunal de Disciplina. Una medida que subraya la seriedad del compromiso y la responsabilidad que cada ministro asume.

La justicia tardía, como bien lo señala la ministra Ortiz Ahlf, no es justicia. Años, incluso décadas, podían pasar antes de que un caso se resolviera, dejando a empresarios, extranjeros y población vulnerable en un limbo de incertidumbre. Ese tiempo, ese perjuicio, es lo que se busca erradicar con estas nuevas medidas.

La reducción del número de ministros de once a nueve ha implicado, sí, ajustes presupuestales en cada ponencia. Sin embargo, la ministra Ortiz Ahlf enfatiza que la responsabilidad de formar equipos sólidos y altamente capacitados recae directamente en cada ministro. En su caso, ha conformado un equipo de profesionales con posgrados y experiencia en la redacción de sentencias, un requisito indispensable para asegurar la calidad y la eficiencia del trabajo.

Y aquí, un mensaje claro y contundente: no hay espacio para recomendaciones ni compromisos personales. La prioridad es la justicia, la eficiencia y el cumplimiento de los plazos. La firma de cada ministro está en juego, y con ella, la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial.

Finalmente, la ministra nos recuerda que la ciudadanía tiene un rol activo en este nuevo paradigma. Cualquier incumplimiento en los plazos de resolución puede ser denunciado ante el Tribunal de Disciplina. La justicia es un compromiso compartido, una tarea que requiere la participación de todos. La búsqueda de una justicia pronta y expedita es una tarea de todos, una responsabilidad que no podemos eludir. El futuro de la justicia en México se construye hoy, con la participación de todos.