La promesa de un cambio radical en la impartición de justicia en México, tras la renovación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se desvanece ante la realidad de una reforma superficial. Si bien es innegable la necesidad de una transformación profunda en el Poder Judicial, la reforma implementada se centra únicamente en el método de selección de las personas juzgadoras, dejando intactos los vicios y deficiencias sistémicas que aquejan a la justicia en nuestro país.

Se nos vendió la idea de una elección popular, un hito democrático donde la ciudadanía, por primera vez, tendría voz y voto en la conformación del máximo órgano judicial. Sin embargo, el proceso electoral, con un costo exorbitante de 7 mil millones de pesos, se vio empañado por irregularidades, desde la baja participación ciudadana (apenas un 13%) hasta acusaciones de manipulación de boletas y urnas. ¿Es este el cambio prometido? ¿Es esta la justicia que merecemos?

La narrativa populista de la 4T, abanderada por Morena, buscaba el control del Poder Judicial bajo la máscara de la participación ciudadana. Se construyó un discurso que prometía una justicia más cercana al pueblo, pero en la práctica, la elección se resolvió en una mesa, confirmando el viejo adagio: "para qué tantos brincos estando el suelo tan parejo".

El problema de fondo, la verdadera crisis de nuestro sistema judicial, no radica en quiénes ocupan los puestos de juzgadores, sino en la estructura misma del sistema. La excesiva carga de trabajo, concentrada principalmente en las materias familiar y civil (que representan casi el 75% del total), la lentitud de los procesos, la falta de recursos y la corrupción endémica, son los verdaderos obstáculos que impiden el acceso a una justicia pronta y expedita.

¿Resolverá el cambio de rostros en la SCJN estos problemas estructurales? La respuesta es un rotundo no. Los 7 mil millones de pesos invertidos en el proceso electoral, hubieran sido mucho más efectivos si se destinaban a fortalecer el sistema judicial, a mejorar la infraestructura, a capacitar al personal y a implementar mecanismos de control y transparencia.

Además, surge la inquietante pregunta sobre la capacidad de las nuevas personas juzgadoras. Si bien algunos perfiles cuentan con trayectorias destacadas, otros carecen de la experiencia necesaria para asumir la enorme responsabilidad que implica formar parte de la SCJN. Esta falta de experiencia se traducirá en una curva de aprendizaje prolongada, lo que inevitablemente impactará en la eficiencia y la calidad de la impartición de justicia, generando costos adicionales en tiempo y recursos para la ciudadanía.

En conclusión, la renovación de la SCJN se presenta como una oportunidad perdida. Se priorizó la forma sobre el fondo, el discurso populista sobre las soluciones reales. El verdadero cambio en la justicia mexicana requiere una reforma integral que ataque las raíces del problema, no sólo sus síntomas. Necesitamos un sistema judicial eficiente, transparente y accesible para todos, no un simple cambio de caras.