La dinámica política mexicana ha entrado en una fase inédita. Ya no se trata de la simple alternancia en el poder cada seis años, un ciclo al que nos habíamos acostumbrado, con sus reacomodos, sus nuevos proyectos y sus redefiniciones de prioridades. Desde Lázaro Cárdenas, cada sexenio, a pesar de las herencias y los compromisos previos, permitía a cada presidente un margen de maniobra, un espacio para articular su propia visión, su propio proyecto. Desde el PRI de Echeverría hasta el de Zedillo, pasando por la alternancia de Fox y Calderón, e incluso con la llegada de Peña Nieto y su ambiciosa agenda de reformas, cada administración imprimía su sello particular al país.

Hoy, la realidad se presenta de manera distinta. El 2018 no solo marcó la victoria de un nuevo grupo político, sino el inicio de la construcción de un nuevo régimen. Un régimen que ha transformado la naturaleza misma de los tres poderes del Estado, la función de las Fuerzas Armadas, la relación con el crimen organizado y, fundamentalmente, el vínculo con la ciudadanía. En este contexto, analizar la situación actual en términos de sexenios resulta insuficiente. Es más preciso hablar de la consolidación de un nuevo sistema, de un proceso continuo que trasciende los periodos presidenciales. Estamos viviendo el séptimo año de este nuevo régimen, no el primero de una nueva administración.

La prioridad de este movimiento no es la gestión pública en el sentido tradicional, sino la consolidación de un poder aún frágil. La cancelación del Aeropuerto de Texcoco, decidida incluso antes de la toma de posesión, fue un acto simbólico que marcó la pauta de lo que vendría: una transformación radical, no un reformismo gradual. Un mensaje claro a la oposición y un llamado a la alineación.

Entre el primer y el sexto año de este nuevo régimen, se libró una batalla por el control del poder. El oficialismo se enfocó en centralizar las decisiones, desmantelar contrapesos y construir una base social sólida a través de transferencias directas. Programas sociales fueron reemplazados, presupuestos reasignados y fideicomisos absorbidos. Se fortaleció el control legislativo, se ampliaron las atribuciones del Ejército en tareas civiles y se eliminó la Policía Federal. Reformas clave, como la energética y la educativa, fueron revertidas.

El séptimo año se centró en la eliminación de organismos autónomos y en la reforma judicial. Se impulsaron reformas en seguridad, inteligencia y telecomunicaciones, otorgando al gobierno mayor control sobre la información y herramientas de vigilancia. La presión sobre las voces críticas se intensificó.

La llegada de un nuevo presidente no significa un cambio de rumbo. Estamos en una fase de continuidad, no de diferenciación. La lógica de todo nuevo régimen es consolidarse. Analizar este sexenio con los parámetros del pasado es un error. Los gobernantes actuales no tienen los mismos incentivos ni los mismos márgenes de maniobra que sus predecesores.

Los próximos años serán cruciales. La cohesión interna del movimiento, la definición del candidato para 2030 y la sostenibilidad financiera de los programas sociales serán los principales desafíos. La lucha política real se libra al interior del partido gobernante, no en el escenario pluralista nacional.

Para comprender el futuro inmediato, debemos analizar la realidad en términos de continuidad hegemónica, no de ciclos sexenales. Solo así podremos anticipar los retos y las oportunidades que se presentarán en los años venideros. La transformación del sistema político mexicano está en marcha, y sus consecuencias aún están por verse.