El fantasma de la inflación vuelve a tocar a la puerta del consumidor mexicano. Por vigésima primera semana consecutiva, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha decidido mantener la gasolina Magna, Premium y Diésel sin el estímulo fiscal al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Esto significa, en términos concretos, que los automovilistas seguimos absorbiendo el 100% de este impuesto, un duro golpe al bolsillo que se suma a las presiones económicas que ya enfrentamos día a día. El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), vigente del 30 de agosto al 5 de septiembre de 2025, establece que el IEPS por litro será de 6.4555 pesos para la Magna, 5.4513 pesos para la Premium y 7.0946 pesos para el Diésel. Cifras que, sin duda, invitan a la reflexión sobre el impacto real en nuestra economía familiar.

¿Se imaginan cuántos kilómetros menos podemos recorrer con el mismo presupuesto de hace apenas unos meses? ¿Cuántas veces tendremos que pensarlo dos veces antes de usar el coche para ir al trabajo, llevar a los niños a la escuela o visitar a la familia? La respuesta, lamentablemente, varía en cada hogar, pero la preocupación es un denominador común. Mientras el precio de la Premium registra un ligero incremento de un centavo, según PETROIntelligence, la Magna, el Diésel y el gas natural vehicular mantienen sus precios, una estabilidad que, en este contexto, ofrece poco consuelo.

La disparidad de precios en las distintas regiones del país añade otra capa de complejidad a este panorama. Si bien PETROIntelligence ofrece un promedio nacional, la realidad es que el costo por litro puede fluctuar significativamente entre estados. Un habitante de la Ciudad de México, por ejemplo, no enfrenta el mismo gasto en combustible que alguien en Jalisco o Nuevo León. Estas diferencias, a menudo invisibles en los informes nacionales, impactan directamente en el poder adquisitivo de las familias y generan desigualdades en el acceso a un recurso tan esencial como el transporte.

Ante esta situación, la labor de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se vuelve fundamental. Su programa de verificación en gasolineras de todo el país es una herramienta crucial para garantizar que los consumidores no seamos víctimas de abusos o prácticas desleales. Sin embargo, más allá de la vigilancia, se necesita una política integral que aborde las causas de fondo de esta constante alza en los precios del combustible. ¿Qué medidas a largo plazo se están implementando para mitigar el impacto en la economía familiar? ¿Se están explorando alternativas energéticas que nos permitan depender menos del petróleo? Estas son preguntas que exigen respuestas claras y contundentes por parte de las autoridades.

Mientras tanto, el consumidor mexicano se ve obligado a hacer malabares con su presupuesto, a priorizar gastos y a buscar estrategias para optimizar el consumo de combustible. Desde compartir coche hasta optar por el transporte público, las familias buscan alternativas para afrontar esta realidad. La incertidumbre sobre el futuro de los precios de la gasolina se suma a la lista de preocupaciones que nos acompañan en el día a día, un recordatorio constante de la fragilidad económica en la que vivimos.