La denuncia de la diputada Claudia Leticia Garfias Alcántara ha cimbrado los cimientos de Morena en el Estado de México, revelando una profunda contradicción entre el discurso y la práctica. La acusación de agresión y abuso sexual, implicando al equipo del diputado Osvaldo Cortés Contreras y a la alcaldesa de Acolman, Blanca Guadalupe Sánchez Osorio, no puede ser ignorada ni minimizada. No se trata de una simple disputa política, sino de un acto de violencia que exige una respuesta contundente, más allá de los procesos judiciales en curso. El silencio de la dirigencia estatal, encabezada por Luz María Hernández Bermúdez, resulta preocupante e inadmisible. En un partido que se precia de defender los derechos de las mujeres, la omisión es cómplice. Se necesita una postura clara y firme, un acompañamiento real a la víctima y un mensaje inequívoco de rechazo a cualquier tipo de violencia.

La gravedad de la situación se intensifica con los detalles del ataque: hijos y asesor golpeados, oficina saqueada y un vehículo oficial destrozado. El relato de Garfias, arropada por sus compañeros legisladores en San Lázaro, pinta un escenario de terror e impunidad que no puede quedar impune. La advertencia lanzada por la diputada, responsabilizando a Cortés y Sánchez Osorio por su seguridad y la de su familia, exige una acción inmediata por parte de las autoridades. No basta con que la Fiscalía General de la República investigue; Morena debe asumir su responsabilidad política y actuar en consecuencia. La "cero tolerancia" a la violencia contra las mujeres no puede ser un simple eslogan, debe ser una práctica cotidiana.

La ausencia de Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena, en el momento de la denuncia pública de Garfias, envía un mensaje contradictorio y preocupante. Justo cuando se requiere unidad y congruencia, la falta de apoyo visible por parte de una figura clave del partido genera dudas y desconfianza. ¿Se trata de una estrategia de protección a los acusados? ¿O simplemente de una indiferencia que normaliza la violencia? Sea cual sea la razón, la ausencia de Monreal alimenta la percepción de que Morena no está tomando en serio la denuncia de su propia legisladora.

El caso de Garfias se enmarca en un contexto más amplio de violencia política de género. La reciente polémica en Michoacán, donde la presidenta del Congreso, Giulianna Bugarini, fue criticada por su vestimenta, ilustra la doble moral que impera en la política mexicana. Mientras a los hombres se les juzga por sus acciones y decisiones, a las mujeres se les reduce a su apariencia física. La denuncia de Bugarini por violencia política de género y su iniciativa para tipificar el ciberacoso como delito son pasos importantes en la lucha contra la discriminación y la violencia online. Sin embargo, es fundamental que estas acciones se acompañen de un cambio cultural profundo que erradique la misoginia y promueva la igualdad de género en todos los ámbitos de la vida pública.

La violencia contra las mujeres no es un problema exclusivo de un partido político, es un flagelo social que requiere la participación de todos para erradicarlo. Desde las instituciones gubernamentales hasta la sociedad civil, pasando por los medios de comunicación y las familias, debemos trabajar juntos para construir un México donde las mujeres puedan vivir libres de violencia y discriminación. El caso de Garfias es un llamado a la acción, una oportunidad para que Morena demuestre su compromiso real con la igualdad de género y la justicia social. El silencio no es una opción.