La FIFA y la Profeco han establecido un acuerdo histórico para la venta de boletos en México para la Copa del Mundo 2026. Con un precio mínimo de $1,200 pesos (60 dólares) para la primera fase, la afición mexicana podrá disfrutar de los partidos en las sedes de CDMX, Guadalajara y Monterrey. La plataforma digital oficial de la FIFA será el único medio para adquirir las entradas, eliminando así la posibilidad de falsificaciones y la reventa, una práctica ilegal en México. Este sistema, validado por la Profeco, garantizará la transparencia y seguridad en la compra, enviando los boletos directamente al celular del comprador. Este avance, tras la reciente visita de Gianni Infantino a México, demuestra el compromiso de ambas instituciones para un Mundial accesible y seguro. Además, se espera una resolución favorable sobre el uso de los palcos en el Estadio Banorte (temporalmente Estadio-CDMX) durante el evento. La importancia del Mundial es tal que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, prepara una conferencia matutina dedicada exclusivamente a este tema.

Más allá del tema de seguridad abordado en la reunión entre Claudia Sheinbaum y el Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, se especula sobre la discusión de temas sensibles en la relación bilateral, entre ellos el petróleo. La situación de Venezuela y Nicolás Maduro estuvo presente, coincidiendo con las acusaciones del mandatario venezolano sobre las intenciones de Donald Trump y Marco Rubio de controlar el petróleo del país. Estados Unidos también presiona a México para una mayor apertura de Pemex a las empresas petroleras estadounidenses, buscando un retorno a las condiciones de inversión del periodo de Enrique Peña Nieto, particularmente los “farmouts”. En respuesta, la Secretaría de Energía, liderada por Luz Elena González, y la Secretaría de Economía, bajo el mando de Marcelo Ebrard, analizan asociaciones estratégicas con importantes grupos mexicanos de diversos sectores (retail, finanzas, comunicaciones, infraestructura, alimentos, minería, etc.) para equilibrar la influencia de las petroleras estadounidenses y fortalecer la posición nacional en este sector estratégico.

El 14 de agosto marcó el vencimiento de un contrato crucial para el Estado de México: la gestión de seguridad, videovigilancia y C5, un negocio que asciende a dos mil millones de pesos e implica la instalación y mantenimiento de aproximadamente 44 mil cámaras. La renovación de este servicio por los próximos cuatro años está en manos de Horacio Duarte, Secretario de Gobierno, y Óscar Flores, Secretario de Finanzas. Dos fuertes contendientes se perfilan para obtener el contrato: Seguritech, de Ariel Picker, con amplia experiencia en el sector y en el Estado de México, y un nuevo jugador, José Miguel Bejos, asociado con Samuel Avishay Neriya, proveedor del controvertido sistema Pegasus. Esta competencia promete una reñida disputa por un contrato vital para la seguridad de la entidad.

El senador Luis Armando Melgar, del Partido Verde, ha presentado una propuesta para modificar la Ley Federal de Protección al Consumidor con el objetivo de combatir el "greenwashing". Esta práctica, utilizada por grandes empresas, consiste en publicitar productos como ecológicos o amigables con el medio ambiente, engañando al consumidor sobre su verdadero impacto ambiental. Melgar busca adicionar un párrafo al artículo 32 para frenar esta publicidad engañosa que se aprovecha del desconocimiento del público. Un ejemplo citado es Danone, con su marca Bonafont, y su impacto en la región Choluteca de Puebla. Con esta iniciativa, Melgar, quien ya impulsó una similar para proteger a los cafetaleros de Chiapas contra Nestlé, demuestra su compromiso con la defensa del medio ambiente y los consumidores.

Así como se denunció la red de extorsión en el sector de casinos durante la gestión de Adán Augusto López, ahora se destapa una situación similar en el sector gasolinero. Armando Ocampo, titular de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), estaría liderando una red que exige sobornos a los concesionarios de Pemex. Grupo SIMSA, propiedad de los hermanos Salomón y Nesim Issa Tafich, con alrededor de 200 gasolineras, ha presentado un amparo contra las revisiones de la ASEA, dependiente de la Secretaría del Medio Ambiente, encabezada por Alicia Bárcena. Se habla de exigencias de hasta tres millones de pesos por estación de servicio. La gravedad del asunto ha llegado al Consejo Coordinador Empresarial, presidido por Francisco Cervantes, lo que podría desencadenar una investigación a fondo.

En una presentación en el hotel St. Regis de la CDMX, se lanzó O-Media, una nueva marca que une a Editorial Televisa, la editorial más grande de México, con Intermex, la principal distribuidora de publicaciones del país. O-Media, bajo el paraguas de Ollamani, presidida por Emilio Azcárraga, estará dirigida por Angel Fuentes, con amplia experiencia en el sector energético y en Televisa. Esta fusión promete una fuerza importante en el mercado editorial mexicano, combinando la capacidad de producción y distribución de dos gigantes del sector.