La apertura del máximo tribunal del país, con sus puertas simbólicamente abiertas a la ciudadanía, marca el inicio de una nueva era en la justicia mexicana. Más allá de la ceremonia y la legitimidad otorgada por los 13 millones de votos ciudadanos, esta nueva etapa se presenta como una oportunidad para deconstruir las barreras –no solo físicas, sino también económicas, sociológicas y culturales– que han impedido la plena materialización de la tutela judicial efectiva.

Hablar de justicia accesible no se limita a facilitar el acceso físico a los tribunales. Implica, de manera crucial, garantizar la asequibilidad económica para todos, eliminando la barrera que representa el costo de los litigios y la necesidad de una defensa legal especializada, a menudo inaccesible para gran parte de la población. La complejidad del derecho y la exigencia de una representación legal adecuada han marginado históricamente a quienes carecen de recursos. Esta nueva era debe enfocarse en superar esta desigualdad, asegurando que la justicia no sea un privilegio, sino un derecho real y tangible para todos.

La reestructuración del Poder Judicial de la Federación, con la creación del órgano de Administración Judicial, independiente de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), promete una gestión más eficiente y transparente. La separación de funciones, con la administración judicial desligada de la presidencia del tribunal constitucional, y la elección del titular de la SCJN por voto popular y directo, son cambios significativos que buscan fortalecer la independencia y la imparcialidad del sistema. El nuevo Tribunal de Disciplina, que sustituye al Consejo de la Judicatura Federal, tendrá la importante tarea de vigilar y sancionar las faltas de las personas juzgadoras, contribuyendo a la integridad y la rendición de cuentas dentro del Poder Judicial.

Sin embargo, la euforia por esta transformación no debe opacar los importantes desafíos que se avecinan. La nueva dinámica de trabajo en el pleno de la SCJN, en lugar de las salas especializadas, plantea interrogantes sobre la celeridad en la resolución de los casos. Si bien se argumenta que esta nueva estructura permitirá un análisis más integral, es crucial que se implementen mecanismos que garanticen la eficiencia y eviten la acumulación de expedientes.

Además, la nueva integración de la SCJN deberá abordar temas cruciales que han sido postergados, como la prisión preventiva oficiosa y el cumplimiento de la jurisprudencia interamericana. La sentencia condenatoria al Estado mexicano en el caso García Rodríguez y otros vs México, que señala la violación de la libertad personal y la presunción de inocencia, demanda una revisión profunda de la legislación y las prácticas judiciales. Se espera que la nueva Corte se pronuncie con firmeza sobre este y otros temas pendientes, como la constitucionalidad de leyes en materia fiscal, electoral, energética y de seguridad, entre otros.

La expectativa ciudadana es alta. Se espera que esta nueva era en la justicia no reproduzca las deficiencias del pasado, sino que se traduzca en un sistema más justo, accesible y eficiente. La ciudadanía demanda resoluciones técnicamente sólidas, argumentadas y con apego a los derechos humanos. La agilización de los procesos y la transparencia en la administración de justicia son fundamentales para fortalecer la democracia y garantizar el acceso a la justicia para todos. El desafío es grande, pero la oportunidad de construir un sistema judicial más sólido y equitativo es invaluable.