La sombra del contrabando y la piratería se extiende sobre México, asfixiando al comercio formal y poniendo en riesgo a millones de consumidores. Una alarmante revelación del presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), Cuauhtémoc Rivera, ha sacudido los cimientos del mercado nacional: 35 millones de mexicanos, de una población económicamente activa de 55 millones, se encuentran empleados en la economía informal, impulsada por la ilegalidad. Esta cifra, que retrata la magnitud del problema, es un grito de alerta que no podemos ignorar.

El regreso a clases, un periodo de gran dinamismo comercial, ha servido como termómetro para medir la fiebre del contrabando. Más de la mitad de los útiles escolares, mochilas, uniformes y demás insumos adquiridos por las familias mexicanas tienen un origen ilícito, según afirma Rivera. Imaginen la cantidad de libretas, lápices y colores que, en lugar de impulsar la economía formal y generar empleos dignos, engrosan las arcas del crimen organizado. Este dato no es solo una estadística fría, es la radiografía de un mercado enfermo que necesita una cura urgente.

La competencia desleal es una de las heridas más profundas que inflige la piratería. Los comerciantes formales, que cumplen con sus obligaciones fiscales y sanitarias, se ven obligados a competir con productos que evaden impuestos y controles de calidad. Es una batalla desigual, donde la honestidad se enfrenta a la impunidad. ¿Cómo puede un pequeño comerciante, que paga sus impuestos y ofrece productos seguros, competir con quien vende baratijas sin ninguna garantía?

La amenaza no se limita al ámbito económico. Los productos piratas, al no estar sujetos a ninguna norma sanitaria, representan un peligro real para la salud de los consumidores. Desde juguetes con pintura tóxica hasta alimentos sin control de calidad, la piratería pone en riesgo la salud, especialmente la de los más vulnerables: nuestros niños. ¿Qué padre de familia, consciente de este peligro, seguiría comprando productos sin saber su procedencia?

Y detrás de este mercado ilícito, se esconde una realidad aún más oscura. Las ganancias generadas por el contrabando y la piratería financian las operaciones de grupos criminales que siembran la violencia en el país. Cada compra pirata, cada producto de dudosa procedencia, contribuye a alimentar el ciclo de violencia que azota a miles de familias mexicanas. Es un círculo vicioso que debemos romper.

La situación exige una respuesta contundente. No basta con lamentar las cifras o señalar culpables. Necesitamos acciones concretas que fortalezcan al comercio formal, que protejan a los consumidores y que combatan la impunidad. Se requiere una estrategia integral que involucre a autoridades, empresarios y a la sociedad en su conjunto. El futuro de nuestra economía y la seguridad de nuestras familias dependen de ello. ¿Estamos dispuestos a seguir alimentando al monstruo de la ilegalidad o nos uniremos para construir un mercado justo y seguro para todos?