La tensión se palpa en el aire. Las palabras del presidente de Estados Unidos, tajantes como siempre, resuenan con la fuerza de un trueno en el panorama político mexicano. No se anda con rodeos, afirma que México está "gobernado por los cárteles" y que la presidenta Sheinbaum, a quien por otro lado llena de elogios personales, está "asustada". Una afirmación incendiaria, sin duda, pero que se enmarca en una narrativa consistente por parte de la administración estadounidense. Desde el inicio de su mandato, la postura de Trump ha sido clara: considera a los cárteles como organizaciones terroristas y ha criticado duramente lo que percibe como una falta de acción, incluso una posible colusión, del anterior gobierno mexicano con estos grupos criminales.

La visita del Secretario de Estado, Marco Rubio, a México no es una mera coincidencia. Llega en un momento crucial, justo después de las explosivas declaraciones de Trump, y se espera que se reúna con la presidenta en Palacio Nacional. La presión es palpable. La declaración presidencial se interpreta como un claro mensaje, una estrategia para poner las cartas sobre la mesa y forzar un cambio en la dinámica bilateral en materia de seguridad. Es un recordatorio, una advertencia velada de que Estados Unidos observa de cerca y está dispuesto a intervenir, incluso ofreciendo el despliegue de su ejército, una oferta que, según Trump, ha sido rechazada.

Pero, ¿cuánto hay de verdad en estas acusaciones? Si bien el estilo del presidente estadounidense puede ser controvertido, lo cierto es que el diagnóstico sobre el poder de los cárteles en México no es nuevo. Diversos informes, incluyendo los del propio Comando Norte de Estados Unidos, apuntan a que una parte significativa del territorio nacional está bajo el control de la delincuencia organizada. Una herencia pesada, sin duda, con la que la actual administración debe lidiar. La estrategia de "abrazos, no balazos", implementada por el gobierno anterior, es vista por muchos, incluyendo la actual administración estadounidense, como un fracaso que permitió el crecimiento y la consolidación de estos grupos criminales.

La actual presidenta y su equipo de seguridad enfrentan un desafío monumental. Desmantelar las redes del narcotráfico, recuperar el control del territorio y garantizar la seguridad de los ciudadanos requiere de una estrategia integral, de un trabajo quirúrgico y, sobre todo, de la cooperación internacional. Estados Unidos, con su capacidad tecnológica y de inteligencia, debería ser un aliado clave en esta lucha.

La desconfianza que caracterizó la relación entre los gobiernos anteriores parece estar disipándose. Sin embargo, la actual administración mexicana debe lidiar no solo con la violenta realidad del país, sino también con las consecuencias de las decisiones del pasado. Las declaraciones de altos funcionarios estadounidenses, incluyendo al vicepresidente y a la secretaria de Seguridad, apuntan en la misma dirección: existe una preocupación creciente por la posible colusión entre el gobierno mexicano y los cárteles.

La firma de un acuerdo entre México y Estados Unidos durante la visita de Rubio es un paso importante. Si bien los detalles del acuerdo aún no se conocen públicamente, se espera que se centre en la cooperación en materia de seguridad y en el combate al narcotráfico. Es probable que se establezcan mecanismos de colaboración más estrechos entre las agencias de seguridad de ambos países, incluyendo el intercambio de información y la realización de operaciones conjuntas.

La visita de Rubio y las declaraciones de Trump han generado un intenso debate en México. Mientras algunos celebran la posibilidad de una mayor cooperación con Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado, otros expresan preocupación por la posible injerencia en asuntos internos. Lo que es innegable es que la situación es compleja y requiere de una respuesta firme y coordinada. El tiempo dirá si la nueva estrategia de seguridad y la cooperación con Estados Unidos logran los resultados esperados. El futuro de México está en juego.