La sombra de la sospecha se cierne sobre México. Las acusaciones del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sobre la supuesta entrega del país a los cárteles de la droga por parte del anterior gobierno, resuenan con fuerza en los pasillos del poder. La reunión de Rubio con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional se convierte en el epicentro de la tensión, agravada por las recientes declaraciones de Donald Trump, quien insiste en la oferta de apoyo militar rechazada por México.

"La Lista", ese documento que según fuentes cercanas a Rubio es un ente dinámico y en constante evolución, contiene alrededor de 150 nombres. Políticos, empresarios, militares y marinos, todos bajo la lupa de las autoridades estadounidenses. Figuran en ella empresas vinculadas a los hijos del expresidente, así como a familiares de exsecretarios de la Defensa y la Marina. Se investigan operaciones de apoyo a grupos criminales, desde la producción hasta el trasiego de fentanilo. Pero la trama se extiende a negocios turbios, a empresas que se beneficiaron de contratos gubernamentales durante la administración anterior, desde la compra de medicinas hasta la adquisición de energéticos.

La sombra de China también se alarga sobre el asunto. Se investigan los tratos con el gigante asiático, las compras de equipos de seguridad y tecnología que, a pesar de los esfuerzos del exembajador Ken Salazar, se concretaron. El gobierno de Biden inició la investigación, que ahora continúa la administración Trump, para desentrañar la ruta del dinero, los nombres de los empresarios y las compañías que facilitaron estos negocios. Se habla de empresarios fachada, de financieros que inyectaron recursos a la economía formal, ocultando el origen ilícito del dinero.

El Departamento del Tesoro, bajo la dirección de Scott Bessent, no solo investiga a grupos financieros mexicanos que operaron en dólares en Estados Unidos. Bancos, SOFOMES y transmisores de dinero, todos están bajo escrutinio, sospechosos de facilitar las operaciones financieras de los cárteles. Por ello, las declaraciones de funcionarios de la Secretaría de Hacienda o de la Asociación de Bancos de México deben tomarse con cautela. En su afán de presionar, es previsible un Trump cada vez más injerencista, un escenario que exige prudencia y atención.

En el ámbito del lavado de dinero, mientras la Asociación de Bancos de México intenta minimizar la situación, la FinCEN, dirigida por Andrea Gacki, mantiene la vigilancia sobre instituciones financieras mexicanas, incluyendo algunos bancos sistémicos. La advertencia del Tesoro es clara: los cárteles mexicanos utilizan redes chinas de lavado de dinero, y los bancos deben estar alerta. La Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, bajo la dirección de Omar Reyes y Ángel Cabrera, respectivamente, tienen la responsabilidad de colaborar con el Departamento del Tesoro para desarticular estas redes.

Cada visita de Marcelo Ebrard a Washington se ve ensombrecida por las presiones del grupo minero Vulcan Materials, que mantiene una demanda contra México por el caso de la cantera en Playa del Carmen. El poder de Vulcan en la política estadounidense es innegable, y su influencia llega hasta la Casa Blanca y el Capitolio. Sin embargo, hay una luz al final del túnel: una propuesta del secretario de Economía que implica el cierre definitivo de la mina y la transformación del terreno en un megaproyecto turístico. El Departamento de Estado, encabezado por el propio Marco Rubio, sigue de cerca este conflicto.

En la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los cambios tras la salida de Norma Piña revelan acuerdos y lealtades. La llegada de personal de la ponencia de Alberto Pérez Dayán, el ministro que salvó la Reforma Judicial, es un indicio de las negociaciones en los altos círculos del poder judicial. Un caso emblemático es el de Alejandra Loya Guerrero, quien se opuso a la reforma, se postuló sin éxito para jueza de distrito, y ahora ocupa un cargo relevante en la nueva administración de la Corte.

En la Ciudad de México, los Diálogos del Bando 1 buscan soluciones al problema de la vivienda y la gentrificación. Por primera vez, Airbnb participa en el debate, destacando la importancia de una regulación justa para el turismo y la necesidad de construir nuevas viviendas y rehabilitar inmuebles abandonados.

Finalmente, la Comisión Federal de Electricidad, en línea con la política de austeridad del gobierno, recortó drásticamente su presupuesto de publicidad para 2025.