La sombra de la sospecha se cierne sobre México. Las acusaciones del secretario de Estado Marco Rubio, quien señala al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de ceder terreno a los cárteles de la droga, resuenan con fuerza en ambos lados de la frontera. La reunión de Rubio con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional se convierte en el epicentro de la tensión, avivada por las declaraciones de Donald Trump, quien insiste en la oferta de apoyo militar rechazada por México.

"La Lista", un documento que presuntamente contiene alrededor de 150 nombres, se alza como una espada de Damocles sobre políticos, empresarios, militares y marinos. Se rumorea que entre los implicados figuran empresas relacionadas con los hijos del expresidente, Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, así como con familiares de exsecretarios de Defensa y Marina. Las acusaciones van desde el apoyo a la producción y tráfico de fentanilo, hasta la participación en licitaciones gubernamentales y la adquisición de tecnología china.

La investigación, iniciada durante la administración Biden y continuada por Trump, busca desentrañar la madeja de estos supuestos tratos con China, identificando a los empresarios y compañías que habrían facilitado los negocios. El Departamento del Tesoro, bajo la dirección de Scott Bessent, no solo investiga a grupos financieros mexicanos, sino también a bancos y otras entidades que podrían haber servido como vehículos para estas operaciones. Ante este panorama, las declaraciones de funcionarios de Hacienda y de la Asociación de Bancos de México se perciben con cautela, mientras la figura de Trump se perfila cada vez más injerencista.

Mientras tanto, en el ámbito financiero, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) mantiene su mirada fija en instituciones mexicanas, incluyendo algunos bancos sistémicos. La advertencia del Tesoro sobre el uso de redes chinas de lavado de dinero por parte de los cárteles mexicanos añade otra capa de complejidad al escenario. La presión sobre la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ahora bajo la dirección de Omar Reyes y Ángel Cabrera, respectivamente, se intensifica.

En el plano internacional, las visitas de Marcelo Ebrard a Washington se ven ensombrecidas por las presiones del grupo minero Vulcan Materials, que mantiene un litigio con México por el caso de la cantera en Playa del Carmen. La propuesta del secretario de Economía, que implicaría el cierre de la mina y su transformación en un proyecto turístico, se presenta como una posible solución al conflicto.

Dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se observan movimientos y reacomodos tras la salida de los integrantes de la ponencia de la ministra presidenta Norma Piña. La llegada de personal proveniente de la ponencia de Alberto Pérez Dayán sugiere negociaciones y acuerdos. El caso de Alejandra Loya Guerrero, quien pasó de oponerse a la reforma judicial a ocupar un puesto clave en la nueva administración de la Corte, ilustra la complejidad de las lealtades y las ambiciones en el poder judicial.

En la Ciudad de México, los Diálogos del Bando 1, enfocados en el derecho a la vivienda y el control de la gentrificación, incorporaron por primera vez a Airbnb en la discusión. La plataforma, representada por Ángel Terral, defiende su papel en la economía local y aboga por una regulación justa.

Finalmente, la Comisión Federal de Electricidad, en línea con la política de austeridad, ha recortado drásticamente su presupuesto de publicidad para 2025. Esta decisión, tomada por el equipo de Emilia Calleja Alor, refleja la prioridad del gobierno en la contención del gasto público.

Estos son solo algunos de los hilos que conforman el complejo tapiz de la actualidad política y económica de México. Un panorama en constante evolución, donde las sombras de la sospecha y la incertidumbre se proyectan sobre el futuro del país.