La salud pública y la justicia fiscal no son conceptos antagónicos, sino dos caras de la misma moneda. Los impuestos a productos nocivos para la salud, como el alcohol, el tabaco, las bebidas azucaradas y los ultraprocesados, son una herramienta poderosa para abordar ambos frentes. No se trata simplemente de recaudar fondos, sino de desincentivar el consumo de productos que generan un alto costo social en términos de enfermedades, discapacidad y muerte prematura. Al mismo tiempo, estos impuestos pueden generar recursos para financiar políticas públicas que beneficien a los sectores más vulnerables, promoviendo la equidad y la justicia social.

La evidencia científica respalda la efectividad de estos impuestos. Numerosos estudios internacionales demuestran que gravar productos como el tabaco y las bebidas azucaradas reduce su consumo, especialmente entre los grupos de menores ingresos, que son los más afectados por las enfermedades relacionadas con estos productos. Además, la recaudación generada por estos impuestos puede destinarse a financiar programas de prevención y tratamiento de enfermedades, así como a fortalecer el sistema de salud en su conjunto.

Es fundamental que estos impuestos sean bien diseñados para maximizar su impacto. Los impuestos específicos, que gravan la cantidad del producto nocivo (por ejemplo, por mililitro de alcohol o por gramo de azúcar), son más efectivos que los impuestos ad valorem, que se calculan como un porcentaje del precio. También es crucial que el nivel del impuesto sea lo suficientemente alto como para disuadir el consumo, y que se actualice periódicamente para compensar la inflación y el crecimiento del ingreso.

La experiencia de países como Sudáfrica y Filipinas demuestra el potencial de los impuestos a productos nocivos. En Sudáfrica, los impuestos al tabaco lograron reducir significativamente la prevalencia del tabaquismo. En Filipinas, una reforma integral que incluyó aumentos sustanciales en los impuestos al tabaco, junto con otras medidas como la regulación de la publicidad y la creación de espacios libres de humo, resultó en una drástica disminución del consumo de tabaco.

Es importante destacar que la aceptación pública de estos impuestos es mayor cuando se comunican como políticas de salud, y no como meras medidas recaudatorias. La transparencia en el uso de los recursos generados es clave para ganar la confianza de la ciudadanía. Cuando se explica claramente que los fondos se destinarán a financiar programas de salud y a mejorar la atención médica, el apoyo a estos impuestos aumenta considerablemente.

En este contexto, es crucial que los gobiernos adopten un enfoque integral que combine los impuestos a productos nocivos con otras políticas de salud pública, como la regulación de la publicidad, el etiquetado frontal de advertencia en los alimentos, la promoción de hábitos saludables y el fortalecimiento de los sistemas de atención primaria.

La implementación de impuestos a productos nocivos no es una panacea, sino una herramienta fundamental para proteger la salud pública y avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa. Es una inversión en el futuro, que se traduce en vidas salvadas, familias más saludables y un sistema de salud más robusto. Es una decisión política que requiere valentía y visión de largo plazo, pero que sin duda generará beneficios para toda la sociedad.