La reciente revisión del primer informe de gobierno nos invita a un análisis profundo sobre los avances en seguridad. Si bien se destaca el enfoque en el marco jurídico, es crucial ir más allá de la retórica y observar la eficacia real de estas reformas. La incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, el reforzamiento de la inteligencia y la reforma judicial son piezas clave, pero su éxito dependerá de la correcta implementación y, sobre todo, de la independencia y apego a la legalidad. La historia reciente nos recuerda episodios oscuros donde la justicia se usó como herramienta política, y es imperativo que este nuevo capítulo se escriba con imparcialidad y respeto al Estado de Derecho.

Un punto que demanda atención urgente es el combate a la extorsión. A pesar de la Estrategia Nacional, la realidad muestra que falta mucho por hacer. La ciudadanía exige resultados tangibles y la recuperación de territorios controlados por el crimen organizado, donde imponen su ley y asfixian la economía local. La pregunta clave es si la federalización del delito o la persecución de oficio serán suficientes para frenar este flagelo que afecta a tantos.

En cuanto a las leyes secundarias, la publicación de la nueva Ley de la Guardia Nacional, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, entre otras, representa un paso adelante. Sin embargo, la verdadera prueba está en la aplicación práctica. Reglamentos, manuales, planes, programas, indicadores y metas deben estar alineados para que estas leyes no se queden en letra muerta. El tiempo de las promesas ha terminado; la ciudadanía espera resultados concretos que reflejen el compromiso adquirido en campaña.

Los datos cuantitativos presentados, como el número de detenidos, armas aseguradas y drogas incautadas, requieren un análisis más exhaustivo. Si bien las cifras pueden parecer alentadoras a primera vista, es fundamental contextualizarlas y evaluar su impacto real en la seguridad. ¿Representan estas detenciones un golpe significativo a las estructuras criminales o se trata de capturas aisladas? La comparación con cifras de sexenios anteriores debe ser rigurosa y considerar las variables que influyen en estos indicadores.

La reducción de homicidios dolosos es un logro que debe ser reconocido, pero no se puede caer en triunfalismos prematuros. La comparación con la etapa inicial del sexenio de Enrique Peña Nieto nos recuerda que las tendencias pueden cambiar. Además, el error en la gráfica comparativa, aunque sea de forma, pone en evidencia la necesidad de mayor rigor en la presentación de datos oficiales. La transparencia y la precisión son fundamentales para generar confianza y evaluar objetivamente los avances.

Finalmente, la escasa información sobre el uso de la Plataforma México y el Registro Nacional de Detenciones genera interrogantes. Es crucial conocer el proceso completo, desde la detención hasta la puesta a disposición del Ministerio Público, para garantizar la transparencia y el respeto a los derechos humanos. La lucha contra la delincuencia no puede justificar atajos ni opacidad. La ciudadanía exige rendición de cuentas y un compromiso real con la justicia y la seguridad.