Se respira un aire nuevo en los tribunales. Tras años de anhelar una justicia más cercana y eficaz, el lunes marcó el inicio de una nueva era para el Poder Judicial. La ceremonia, cargada de simbolismo, reunió a los tres poderes de la Unión en un acto de unidad que augura un futuro republicano más sólido. No solo en la capital, sino a lo largo y ancho del país, los Poderes Judiciales locales se sumaron a esta transformación, encendiendo motores para una justicia renovada.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, epicentro de este cambio, anunció modificaciones administrativas cruciales. Si bien estos ajustes son necesarios para modernizar el sistema, es fundamental proceder con cautela. No podemos asfixiar instituciones recién nacidas ni pasar por alto los derechos laborales de los servidores públicos. La reforma constitucional judicial es clara al respecto y debemos respetarla. La eficiencia administrativa es importante, sin duda, pero no debe eclipsar la verdadera esencia del Poder Judicial: impartir justicia.

A partir de este momento, la responsabilidad recae sobre los hombros de cada juez, magistrado y ministro. Juzgados de distrito, tribunales colegiados, plenos de circuito y la Suprema Corte: todos deben dar un salto cualitativo en sus resoluciones. Deben demostrar con hechos, no solo con palabras, que esta reforma no se trata de desplazar personas, sino de construir una justicia más sólida y confiable para todos los mexicanos.

El Tribunal de Disciplina tiene una tarea fundamental: vigilar con firmeza, pero siempre dentro del marco de la ley, el actuar de la judicatura. La corrupción no tiene cabida en este nuevo Poder Judicial, venga de donde venga. Cero tolerancia debe ser la norma, tanto para jueces y magistrados electos como para aquellos nombrados.

La administración eficiente de los recursos es otro pilar de esta transformación. El Órgano de Administración debe optimizar al máximo los recursos disponibles, buscando hacer más con menos. No se trata de recortar, sino de planificar con visión de futuro. Es urgente una planeación judicial a largo plazo que involucre a los circuitos judiciales federales y a los tribunales locales de cada estado. La justicia federal no puede funcionar aisladamente; necesita la colaboración y el fortalecimiento de la justicia local.

La verdadera prueba de fuego para la Reforma Judicial comenzó ayer. No se trata solo de haber cumplido con una elección, sino de demostrar con acciones concretas la mejora en la impartición de justicia. Una justicia pronta, expedita y de calidad, ese es el objetivo.

En resumen, la expectativa está puesta en la acción. Se espera una mejora sustancial en la calidad de las resoluciones, una comunicación más fluida y transparente con la sociedad, una disciplina férrea apegada a derecho y una administración austera pero eficiente. Jueces y magistrados tienen un año, un plazo razonable, para demostrar que este nuevo Poder Judicial es la respuesta a la demanda de justicia que la sociedad mexicana ha expresado durante tanto tiempo. El tiempo dirá si esta reforma logra estar a la altura del desafío.