La sombra del desplazamiento forzado ha oscurecido los rincones de Oaxaca durante décadas, una tragedia silenciosa que ha arrancado a familias enteras de sus hogares, sus tierras ancestrales y sus raíces culturales. Hoy, un rayo de esperanza se abre paso en la oscuridad: Oaxaca se une a la vanguardia en la lucha contra este flagelo, tipificándolo como delito y estableciendo penas severas para quienes lo perpetren. De 10 a 18 años de prisión y multas que ascienden hasta los 226 mil pesos, un precio que, si bien no compensa el dolor y la pérdida, representa un paso firme hacia la justicia y la reparación.

Este no es un logro aislado, sino el resultado de años de lucha y resistencia por parte de las comunidades indígenas, quienes han sufrido en carne propia las consecuencias devastadoras del desplazamiento. Es un reconocimiento a su valentía, a su perseverancia y a su inquebrantable determinación por defender su derecho a la tierra, a la identidad y a una vida digna. Recordemos que en 2019, Oaxaca ocupó el segundo lugar a nivel nacional en número de personas desplazadas internamente, una cifra alarmante que nos obliga a redoblar esfuerzos para erradicar este problema.

La nueva ley, aprobada por los diputados oaxaqueños, no se limita a castigar a los responsables, sino que también establece mecanismos para prevenir el desplazamiento, atender a las víctimas y reparar el daño causado. Se crea así un Registro de Personas en Situación de Desplazamiento Forzado Interno, una herramienta fundamental para visibilizar esta problemática y brindar atención integral a quienes la padecen. Este registro permitirá recopilar información precisa y actualizada sobre las necesidades particulares de cada individuo, facilitando la entrega de asistencia humanitaria, la atención psicológica y la búsqueda de soluciones duraderas que permitan a las familias reconstruir sus vidas.

La ley contempla una agravación de la pena hasta en una tercera parte del máximo cuando el delito sea cometido por servidores públicos, un elemento crucial para combatir la impunidad y garantizar que quienes ostentan cargos de poder sean los primeros en respetar y proteger los derechos humanos. Asimismo, se establecen sanciones más severas para quienes empleen armas de fuego o cometan delitos que atenten contra el desarrollo psicosexual de las mujeres, reconociendo la vulnerabilidad específica de este grupo ante el desplazamiento forzado.

La aprobación de esta ley en Oaxaca marca un precedente histórico y nos invita a reflexionar sobre la importancia de construir un México donde la justicia, la dignidad y el respeto a los derechos humanos sean la norma y no la excepción. Es un llamado a la acción, a la solidaridad y a la esperanza de un futuro donde el desplazamiento forzado sea solo un triste recuerdo del pasado. La lucha continúa, y Oaxaca ha dado un paso fundamental en el camino hacia la paz y la justicia social. Ahora nos corresponde a todos, como sociedad, acompañar y apoyar a las comunidades afectadas en su proceso de reconstrucción y trabajar incansablemente para prevenir que nuevas tragedias se repitan. El camino es largo, pero la esperanza se renueva con cada paso que damos hacia un futuro mejor.