La tragedia que rodea la muerte de Valeria Afanador, la niña de 10 años con síndrome de Down encontrada sin vida cerca del río Frío, a pocos metros del Colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, ha conmocionado a la comunidad y destapado una serie de irregularidades que exigen una investigación exhaustiva. El dolor de la familia es inimaginable, y la incertidumbre sobre lo ocurrido se agrava con cada nueva revelación.

Las declaraciones del gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, y del abogado de la familia, Julián Quintana, apuntan directamente al colegio como responsable por no garantizar la seguridad de Valeria. La zona donde fue hallado el cuerpo ya había sido revisada previamente, lo que refuerza la hipótesis de un homicidio con la posible participación de una tercera persona. Esta teoría cobra aún más fuerza con el descubrimiento de escoriaciones en el tórax y una mano de la niña, marcas que, si bien no fueron la causa de la muerte, podrían ser cruciales para reconstruir los hechos y entender qué sucedió antes del ahogamiento.

La autopsia, que descartó abuso sexual, determinó que la causa del fallecimiento fue ahogamiento por aspiración e ingestión de agua y residuos de pantano. Sin embargo, las preguntas persisten. ¿Cómo llegó Valeria al río? ¿Quién es responsable de las marcas en su cuerpo? ¿Qué papel jugó la deficiente seguridad del colegio en esta tragedia?

Las revelaciones del capitán del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, Álvaro Farfán, añaden otra capa de complejidad al caso. La aparente falta de un certificado técnico de bomberos que avale el funcionamiento del colegio, así como la ausencia de requerimientos técnicos, como la reparación de la cerca perimetral, plantean serias dudas sobre la responsabilidad de la institución en la seguridad de sus estudiantes. Estas fallas, según Farfán, obligan a buscar responsables y a que las autoridades competentes actúen con diligencia.

La falta de este certificado, que debería garantizar la correcta señalización, salidas de emergencia, manejo de extintores y un plan de emergencias, es una negligencia imperdonable, especialmente en un colegio que atiende a niños con necesidades especiales como Valeria. La justificación de Farfán sobre su desconocimiento previo de estas irregularidades por ser jefe del departamento de Cundinamarca y no de Cajicá resulta, cuanto menos, preocupante y deja entrever una posible falta de control y supervisión por parte de las autoridades.

La Fiscalía, al calificar el caso como “aberrante”, ha asumido la responsabilidad de impulsar la investigación y llevar a los responsables ante la justicia. La sociedad espera que este compromiso se traduzca en acciones concretas y que la muerte de Valeria no quede impune. Es fundamental que se esclarezcan todos los detalles de este trágico suceso, no solo para brindar justicia a la familia de Valeria, sino también para prevenir futuras tragedias y garantizar la seguridad de todos los niños en los centros educativos. La memoria de Valeria exige respuestas y acciones que impidan que se repita una historia tan dolorosa.