La creciente presencia de extranjeros en las filas del crimen organizado en México ha encendido las alarmas a nivel nacional. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, ha puesto el dedo en la llaga al denunciar un preocupante incremento de individuos, principalmente de origen sudamericano, involucrados en actividades ilícitas. No se trata de un hecho aislado, sino de una tendencia que se ha ido acentuando en los últimos meses, transformándose en una amenaza palpable para la seguridad del país. La situación exige una respuesta contundente y coordinada entre las distintas instancias gubernamentales.

Ramírez Bedolla, con la firmeza que demanda el momento, ha solicitado al Instituto Nacional de Migración (INM) la implementación de una estrategia integral para rastrear el flujo migratorio y, de esta manera, poder identificar a aquellos que ingresan al país con fines delictivos. La propuesta del gobernador michoacano no se limita a una simple solicitud, sino que representa una llamada a la acción para fortalecer la seguridad nacional y proteger a la ciudadanía de las garras del crimen organizado.

La preocupación del gobernador es comprensible. Michoacán, un estado históricamente afectado por la violencia, se ha convertido en escenario de un nuevo tipo de criminalidad, donde actores extranjeros desempeñan un papel cada vez más prominente. La participación de estos individuos en actividades como el fraude "gota a gota", extorsiones, enfrentamientos armados e incluso adiestramiento en el uso de explosivos, pinta un panorama alarmante que requiere atención inmediata. El "gota a gota", un engaño que se disfraza de ayuda financiera, se ha extendido como una plaga, dejando a su paso un rastro de víctimas desfalcadas y desesperadas. Este tipo de delito, ejecutado con una frialdad calculada, demuestra la sofisticación y la crueldad de las nuevas formas de delincuencia que azotan al país.

La propuesta de Ramírez Bedolla, presentada ante el Secretariado Nacional de Seguridad Pública, no busca criminalizar a la migración, sino establecer mecanismos que permitan distinguir entre quienes buscan un futuro mejor en México y quienes llegan con la intención de delinquir. Se trata de una medida necesaria para proteger tanto a la población mexicana como a los migrantes que buscan refugio y oportunidades legítimas. La colaboración entre el gobierno estatal y el INM es crucial para generar alertas tempranas y determinar la legalidad de la estadía de los extranjeros, facilitando la deportación de aquellos que representen un riesgo para la seguridad nacional.

En Michoacán, la lucha contra la delincuencia no se detiene. La detención de 55 extranjeros involucrados en actividades ilícitas es una muestra del compromiso de las autoridades locales por combatir este flagelo. Sin embargo, la batalla no se gana solo con detenciones. Es fundamental atacar las raíces del problema, desmantelar las redes criminales y cerrar las puertas a aquellos que pretenden sembrar el caos y la violencia. La estrategia propuesta por Ramírez Bedolla es un paso firme en esa dirección, un llamado a la unidad y a la acción conjunta para construir un México más seguro para todos. El futuro del país depende de la capacidad de las instituciones para adaptarse a las nuevas realidades y enfrentar con eficacia los desafíos que plantea la delincuencia transnacional.