La promesa de un nuevo Poder Judicial, con "avances en seguridad y cero impunidad", resuena con fuerza en un México ávido de justicia. La reciente transformación del sistema, a través del voto popular, marca un hito histórico, un punto de inflexión que nos obliga a reflexionar sobre el camino recorrido y los retos que nos esperan. Lejos de caer en simplismos triunfalistas o catastrofistas, es crucial analizar con serenidad el contexto que rodea esta renovación.

Durante décadas, el Poder Judicial se ha percibido como una entidad opaca, distante de las necesidades ciudadanas y vulnerable a la cooptación. Las cifras hablan por sí solas: la bajísima tasa de denuncias, la alarmante impunidad que supera el 90%, y la ineficacia a la hora de resolver los casos que llegan a los tribunales, pintan un panorama desolador. La desconfianza en el sistema es palpable, y la falta de transparencia en el manejo de quejas contra jueces alimenta la percepción de un sistema cerrado y autorreferencial. Ante este diagnóstico, la necesidad de un cambio se vuelve innegable.

Sin embargo, la forma en que se ha llevado a cabo esta transformación genera interrogantes. La elección, marcada por la baja participación ciudadana y las denuncias de irregularidades, deja un sabor amargo. La falta de experiencia de algunos de los nuevos magistrados y las acusaciones que pesan sobre ellos añaden otra capa de preocupación. La ceremonia de investidura, con sus tintes esotéricos y rituales ancestrales, contrasta con la solemnidad que se esperaría de un acto de tal trascendencia, y abre el debate sobre la legitimidad del proceso.

A pesar de las dudas y las críticas, es preciso reconocer que la renovación del Poder Judicial era imperativa. Debemos darle al nuevo sistema el beneficio de la duda y observar con atención sus primeros pasos. La retórica de cercanía con el pueblo, la promesa de justicia y la incorporación de elementos de la cosmovisión indígena, representan un discurso esperanzador. Sin embargo, las palabras deben traducirse en acciones concretas. La verdadera transformación requiere de jueces capacitados, procesos transparentes y un compromiso inquebrantable con la justicia.

Como sociedad, tenemos la responsabilidad de mantenernos vigilantes. No basta con cambiar los rostros, es necesario transformar las prácticas. La justicia no se construye con rituales ni con discursos, sino con el trabajo diario, la imparcialidad y la búsqueda incansable de la verdad. El nuevo Poder Judicial tiene la oportunidad de demostrar que está a la altura del desafío. El tiempo dirá si esta renovación se traduce en una verdadera mejora para el sistema de justicia en México.