La desaparición del INAI y el nacimiento de Transparencia para el Pueblo marcan un punto de inflexión en la historia de la transparencia en México. Más allá del ahorro presupuestal, que se estima en 500 millones de pesos anuales, se abre un abanico de oportunidades para repensar y fortalecer el acceso a la información pública. Sin embargo, este cambio no está exento de desafíos. La promesa de una mayor eficiencia y cercanía con la ciudadanía debe materializarse en acciones concretas que garanticen la verdadera autonomía del nuevo organismo.

Uno de los puntos cruciales es blindar a Transparencia para el Pueblo de la influencia política. No basta con declararla autónoma; es necesario establecer mecanismos que la protejan de presiones e injerencias, asegurando que sus decisiones se basen en la ley y no en conveniencias partidistas. La historia nos ha enseñado que la transparencia se debilita cuando se somete a los vaivenes del poder. Por ello, la legislatura tiene la responsabilidad de crear un marco jurídico sólido que garantice la independencia de este nuevo organismo.

La resolución de los recursos de impugnación también representa un desafío importante. La migración de esta función a tribunales especializados exige una legislación clara y precisa, con plazos bien definidos, para evitar dilaciones y garantizar la pronta y eficaz resolución de las controversias. La justicia tardía es justicia denegada, y en materia de transparencia, la celeridad es fundamental.

La transición del INAI a Transparencia para el Pueblo no debe ser traumática. Es imprescindible establecer protocolos claros que faciliten el traslado de funciones y la adaptación al nuevo esquema. La interoperabilidad tecnológica con plataformas como la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) es vital para evitar la duplicidad de esfuerzos y garantizar la continuidad del servicio. Este proceso requiere una planificación minuciosa y la colaboración de todas las instancias involucradas.

El gobierno digital ofrece una oportunidad única para impulsar la transparencia. La PNT y los portales de obligaciones deben ser plataformas accesibles, intuitivas y con información actualizada. La tecnología debe estar al servicio de la ciudadanía, facilitando el acceso a la información pública y promoviendo la rendición de cuentas.

La participación ciudadana y el escrutinio de los medios de comunicación son pilares fundamentales de la transparencia. Iniciativas como #3de3 y “Ojo al Gasto” demuestran el poder de la sociedad civil para impulsar la rendición de cuentas. La legislatura debe apoyar y fortalecer estas iniciativas, creando un entorno propicio para la participación ciudadana en la vigilancia del gasto público.

Finalmente, el ahorro presupuestal generado por la reestructuración no debe verse como un fin en sí mismo, sino como una oportunidad para reinvertir en el fortalecimiento de las capacidades técnicas y operativas de Transparencia para el Pueblo. Es fundamental garantizar que los recursos se destinen a mejorar la calidad del servicio y a ampliar el acceso a la información pública.

En conclusión, la creación de Transparencia para el Pueblo representa un reto y una oportunidad para México. La legislatura tiene la responsabilidad de aprovechar este momento histórico para construir un sistema de transparencia más sólido, eficiente y cercano a la ciudadanía. El futuro de la democracia en México depende, en gran medida, de la capacidad del Estado para garantizar el acceso a la información pública.