La seguridad pública en México se encuentra en un punto crucial de transformación. La reciente 51ª Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada en Palacio Nacional y presidida por Claudia Sheinbaum Pardo, ha puesto de manifiesto la necesidad imperante de fortalecer las policías y fiscalías del país. No se trata simplemente de una reunión más, sino de un encuentro que sienta las bases para una colaboración más estrecha entre los distintos niveles de gobierno, con el objetivo común de brindar mayor seguridad a la ciudadanía.

El diagnóstico es claro: el 96% de los delitos se cometen a nivel local. Esto subraya la importancia vital de las policías estatales y municipales, quienes son la primera línea de contacto con la población. Son ellas las que responden al llamado de auxilio, las que acompañan al comerciante preocupado por la seguridad de su negocio, las que brindan apoyo a las víctimas de delitos como el robo, que lamentablemente sigue siendo una constante en muchas comunidades. Fortalecer estas instituciones no es una opción, es una obligación. Dotarlas del estado de fuerza necesario, de las condiciones óptimas para prevenir, atender e investigar los delitos, es fundamental para recuperar la confianza ciudadana, un elemento clave para la construcción de la paz.

La búsqueda de personas desaparecidas también ocupó un lugar central en la agenda. La implementación de la CURP biométrica como herramienta de búsqueda representa un avance significativo, al igual que el compromiso de brindar acompañamiento y seguridad a los colectivos de búsqueda. Estas acciones demuestran una voluntad real de abordar este doloroso problema que afecta a tantas familias en el país. El fortalecimiento de las fiscalías especializadas en cada entidad federativa, con unidades y áreas dedicadas a la búsqueda de personas desaparecidas, y la adhesión a los protocolos nacionales de actuación, son pasos cruciales para lograr resultados concretos.

El Acuerdo Nacional para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública, con sus 3 ejes de trabajo y 16 acciones concretas, traza una hoja de ruta para la transformación del sistema de seguridad. Incrementar el estado de fuerza de las policías estatales y de investigación, así como de los ministerios públicos, elaborar planes estatales de reclutamiento y garantizar la formación policial de calidad a través de academias certificadas son medidas que, si se implementan de manera efectiva, tendrán un impacto positivo en la seguridad de las comunidades.

La lucha contra la extorsión también es una prioridad. La formalización de unidades especializadas en cada entidad y la participación directa de las fiscalías en las investigaciones a partir de la información recibida a través de la línea 089 son medidas que buscan combatir este flagelo que afecta a la sociedad. La modernización de los Centros de Comando y Control, con la implementación de lineamientos de operación para el 9-1-1 y el 089, y un nuevo Modelo de Certificación, son acciones que buscan optimizar la respuesta ante las emergencias y las denuncias ciudadanas.

La colaboración entre las distintas instancias de gobierno, la participación de la sociedad civil y el compromiso de las autoridades son elementos esenciales para lograr los objetivos planteados. El camino hacia una mayor seguridad no es fácil, pero la 51ª Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública ha marcado un rumbo claro y esperanzador. La construcción de la paz es un proceso que requiere del esfuerzo conjunto de todos los actores involucrados, y los acuerdos alcanzados en esta sesión representan un paso firme en esa dirección. La implementación efectiva de estas medidas, con transparencia y rendición de cuentas, será clave para lograr resultados tangibles y construir un México más seguro para todos.