La tragedia que enlutó a varias familias mexiquenses entre noviembre de 2024 y enero de 2025, con el fallecimiento de siete recién nacidos en hospitales públicos de Toluca, comienza a esclarecerse. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha dado un paso crucial en la búsqueda de justicia con la detención de tres mujeres, presuntamente responsables de homicidio agravado. Claudia “N”, Citlalli “N” y Gloria “N”, ocupaban puestos clave en la empresa proveedora de las soluciones intravenosas que, según las investigaciones, contenían la bacteria Klebsiella oxytoca, causante del choque séptico que acabó con la vida de los pequeños.

Imaginen la angustia de esos padres, la ilusión rota de una nueva vida, transformada en un dolor insoportable. Bebés que apenas habían abierto sus ojos al mundo, arrebatados por una negligencia que, de confirmarse, resulta imperdonable. La FGJEM ha actuado con diligencia, recabando pruebas científicas contundentes que vinculan la contaminación directamente con el lote de nutrición parenteral suministrado a los hospitales. Análisis microbiológicos, peritajes, y la colaboración de la Cofepris, han destapado un presunto caso de violación a las normas sanitarias más elementales, un incumplimiento que ha costado la vida de estos inocentes.

La investigación, sin embargo, no termina aquí. Dos individuos más, presuntamente implicados en este acto deleznable, permanecen prófugos. La justicia los busca, y la sociedad exige que sean llevados ante los tribunales para responder por sus actos. Mientras tanto, las tres detenidas ya se encuentran en prisión preventiva, a la espera de que se determine su situación jurídica. La Fiscalía ha sido clara: las indagatorias continúan, no solo por la muerte de estos siete recién nacidos, sino también por los otros seis pequeños que perdieron la vida en circunstancias similares.

Este caso nos conmueve profundamente y nos obliga a reflexionar sobre la importancia del control de calidad en la industria farmacéutica y alimentaria. La salud, y sobre todo la de los más vulnerables, no puede ser puesta en riesgo por la negligencia o la avaricia. La vida de un niño es invaluable, y quienes atentan contra ella deben asumir las consecuencias de sus actos. La FGJEM ha dado un paso importante, pero la lucha por la justicia apenas comienza. Seguiremos de cerca el desarrollo de este caso, esperando que se esclarezcan todos los detalles y que los responsables sean castigados con todo el rigor de la ley. Es lo mínimo que merecen las familias que hoy lloran la pérdida de sus hijos.

Más allá de las detenciones, este caso nos invita a exigir mayor transparencia y control en los procesos de producción y distribución de insumos médicos. ¿Cómo es posible que una bacteria tan peligrosa haya contaminado las soluciones intravenosas? ¿Qué fallas en el sistema permitieron que esto sucediera? Estas son preguntas que deben ser respondidas, no solo para hacer justicia a las víctimas, sino también para prevenir futuras tragedias. La salud de nuestros hijos no puede depender de la suerte, sino de la responsabilidad y el compromiso de quienes tienen la obligación de garantizarla. Es hora de exigir controles más rigurosos, sanciones más severas y una cultura de prevención que priorice la vida por encima de cualquier otro interés.