La inseguridad alimentaria, un fantasma que acecha en las sombras de la opulencia, se manifiesta de las formas más inesperadas. ¿Quién podría imaginar que 73 paquetes de pollo congelado, un botín aparentemente insignificante, se convertirían en el centro de un drama urbano? Este reciente incidente en la Gustavo A. Madero, donde un hombre de 30 años fue detenido por la PBI tras intentar sustraer dicho producto de un supermercado, nos obliga a reflexionar sobre la compleja realidad que se esconde detrás de estos actos. ¿Se trata de un simple robo oportunista, la desesperación de un individuo acorralado por la necesidad, o un síntoma más profundo de una crisis social que se agudiza?

La precariedad económica, la inflación galopante que erosiona el poder adquisitivo de las familias, y la falta de oportunidades, son factores que pueden empujar a personas comunes a tomar decisiones desesperadas. Unos cuantos kilos de pollo congelado se convierten entonces en la promesa de una comida caliente, en un alivio momentáneo ante la angustia de un estómago vacío. Si bien esto no justifica el acto, sí nos obliga a mirar más allá de la simple crónica policial y a cuestionarnos las raíces del problema. ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo cuando un trabajador de una empresa de reparto de alimentos, alguien que debería estar del lado de la cadena de suministro, se ve obligado a recurrir al robo? ¿Es acaso un reflejo de las condiciones laborales precarias, de la falta de un salario digno que permita cubrir las necesidades básicas?

Este caso, lamentablemente, no es un hecho aislado. La misma SSC reportó hace apenas unos días la detención de dos mujeres por robo en una tienda de conveniencia en la Miguel Hidalgo. La violencia, los destrozos, la desesperación de la empleada que se vio obligada a refugiarse en un cuarto frío… Cada detalle de este relato nos habla de una creciente tensión social, de una fractura que se profundiza entre quienes tienen y quienes no. La reincidencia de una de las detenidas, con antecedentes penales por robo, nos plantea otra interrogante: ¿son las cárceles la solución, o simplemente un parche que oculta la herida sin sanarla? ¿Qué políticas públicas se están implementando para prevenir la reincidencia y ofrecer segundas oportunidades?

Más allá del valor monetario de la mercancía sustraída, estos incidentes nos interpelan como sociedad. Nos obligan a preguntarnos qué tipo de futuro estamos construyendo y qué medidas podemos tomar para garantizar una vida digna para todos. La seguridad alimentaria no debería ser un privilegio, sino un derecho fundamental. Es necesario abordar las causas estructurales de la desigualdad y la pobreza, y trabajar en la creación de un sistema más justo y equitativo, donde la desesperación no lleve a las personas a cometer actos que lamentarán. Mientras tanto, la historia de los 73 paquetes de pollo congelado, y de las dos mujeres que robaron en una tienda de conveniencia, seguirán resonando como un eco de la crisis silenciosa que nos rodea.