La indignación recorre las calles de Zipaquirá, Cundinamarca, tras el brutal accidente ocurrido la mañana del 1 de septiembre en el barrio La Paz. Una mujer, en camino a su trabajo, vio su vida alterada para siempre al ser embestida por un conductor presuntamente ebrio. El impacto, de una violencia inusitada, le provocó la amputación de su pie derecho. Las imágenes que circulan en redes sociales, crudas y desgarradoras, muestran la escena del horror: la víctima en el suelo, rodeada de sangre, y su extremidad cercenada a metros de distancia. Su motocicleta, destrozada, yace esparcida por el asfalto, testigo mudo de la tragedia.

La irresponsabilidad del conductor, que además impactó contra un camión de carga, dejando su propio vehículo con la defensa destrozada, ha desatado la furia colectiva. A pesar de las evidencias, el hombre se negó reiteradamente a someterse a la prueba de alcoholemia, desafiando a las autoridades de tránsito, al personal médico e incluso a Medicina Legal. Esta actitud arrogante y despectiva no ha hecho más que alimentar la rabia y la impotencia de quienes claman justicia para la víctima.

Las redes sociales se han convertido en un hervidero de comentarios. Muchos expresan su escepticismo ante la posibilidad de que el responsable reciba un castigo ejemplar. Rumores sobre la propiedad de un prostíbulo por parte del conductor alimentan la desconfianza en el sistema judicial, sembrando la duda sobre si la influencia y el dinero podrán comprar la impunidad. "Seguramente no le va a pasar nada", se lee en uno de los comentarios, reflejando el sentimiento generalizado de que la justicia suele ser ciega para los poderosos. "¿Quedará libre porque llamará a los contactos influyentes clientes de su prostíbulo?", se preguntan otros, mientras exigen que se haga un seguimiento exhaustivo al caso para evitar que la tragedia quede impune.

Más allá del morbo que generan las imágenes y los rumores, este accidente pone de manifiesto una problemática profunda: la impunidad que rodea a los conductores ebrios en Colombia. La negativa a someterse a la prueba de alcoholemia, lejos de ser una anécdota, es un síntoma de la falta de conciencia y de la irresponsabilidad que impera en las calles. El subcomandante de Tránsito de Zipaquirá, Édison Meneses, ha confirmado que el conductor se enfrenta a las sanciones contempladas en el artículo 152, párrafo 3, del Código Nacional de Tránsito, incluyendo una multa considerable, la suspensión definitiva de la licencia de conducir, servicio social y la inmovilización del vehículo. Sin embargo, la verdadera pregunta es si estas sanciones serán suficientes para disuadir a otros conductores de repetir este tipo de actos. ¿Será este caso un punto de inflexión en la lucha contra la conducción bajo los efectos del alcohol, o simplemente otra estadística más en la larga lista de tragedias evitables?

La vida de esta mujer ha cambiado para siempre. Más allá de la amputación y las secuelas físicas, deberá enfrentar un largo proceso de recuperación, tanto física como emocional. Mientras tanto, la sociedad colombiana se enfrenta a un dilema ético y moral: ¿hasta cuándo seguiremos tolerando la impunidad de quienes ponen en riesgo la vida de los demás al volante? La respuesta, sin duda, está en manos de la justicia, pero también en la conciencia de cada uno de nosotros.