La tensión se palpaba en el aire del Senado. La oposición, con la mirada fija en los rostros de los recién electos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lanzaba un mensaje claro: autonomía e imparcialidad, esas eran las palabras clave que resonaban en el hemiciclo. No se trataba de una simple bienvenida, sino de una exigencia, un recordatorio de la responsabilidad que recaía sobre los hombros de los nuevos magistrados. La pancarta desplegada por las senadoras panistas, con la frase "por sus sentencias se les conocerá", sintetizaba la expectativa y la advertencia de una parte del espectro político.

Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano (MC), no escatimó en críticas a la reforma judicial que había dado lugar a la elección de los nuevos ministros. Habló de una "mayoría artificial", de una voluntad popular ignorada, de un proceso que, a su juicio, no reflejaba la verdadera esencia democrática. Su voz, cargada de preocupación, exigía a los integrantes del Poder Judicial una actuación apegada a la imparcialidad, la autonomía, la legalidad y el espíritu republicano. Un llamado a resistir las presiones, tanto políticas como económicas, que pudieran poner en riesgo la independencia de la justicia. Castañeda cuestionó la eficacia de la reforma para transformar las bases mismas de la impartición de justicia, argumentando que las reglas y los mecanismos seguían sin cambios sustanciales.

Por su parte, Ricardo Anaya, líder de la bancada del PAN, fue aún más contundente. Puso en duda la legitimidad de la autoridad emanada, según sus palabras, de un proceso fraudulento e irregular. Detalló al menos cuatro anomalías, entre las que destacó el uso de los llamados "acordeones" en la elección del pasado 1 de junio. Anaya, sin embargo, señaló la importancia de no generalizar y evitar denostar o descalificar a la totalidad de los juzgadores. Para él, el silencio en un momento histórico como este sería un acto de cobardía, mientras que expresar su opinión, un deber ineludible. El jefe de la bancada panista anunció la ausencia de su grupo en el acto de toma de protesta, manifestando su desacuerdo con el proceso. Anaya reconoció la necesidad de una reforma profunda al Poder Judicial, pero no para concentrar el poder, sino para hacer accesible la justicia a los más vulnerables. Su discurso finalizó con una expresión de esperanza, confiando en que del propio Poder Judicial surgiera una reforma que enmendara los errores cometidos.

En el otro lado del espectro político, Morena, PT y PVEM defendieron la reforma y la integración del Poder Judicial. Sasil León Villar, senadora por Morena, rechazó la idea de que la Cuarta Transformación fuera solo un eslogan. Para ella, se trataba del fin de una era de privilegios en el Poder Judicial, de justicia selectiva, de agravios y favoritismos. León Villar enfatizó la importancia de la elección democrática de los ministros, un hecho que, según sus palabras, marcaba una ruptura con el pasado. La senadora morenista aseguró que los nuevos ministros contaban con el respaldo de la Cuarta Transformación.

Waldo Fernández, senador por el PVEM, expresó su confianza en que el nuevo Poder Judicial estaría a la altura de las circunstancias. Defendió la reforma judicial como una transformación profunda de la vida democrática del país, un cambio de paradigma en el poder político. Fernández recordó a los ministros que en sus manos estaban las víctimas de los delitos, la garantía de los derechos, la libertad de las personas. Cada resolución, cada decisión, debía estar guiada por la justicia que el pueblo merecía.

Finalmente, Alberto Anaya, senador del Partido del Trabajo, calificó como histórico el proceso de elección democrática de los integrantes del Poder Judicial. Expresó su esperanza de que esta apertura oxigenara al Poder Judicial, especialmente en las prácticas judiciales en favor de los más humildes. Su mensaje a los nuevos ministros fue claro: "Cúmplanle al pueblo de México, que es quien los eligió". Anaya señaló el reto de responder a las demandas de justicia de millones de mexicanos, una responsabilidad que, según sus palabras, formaba parte de la revolución pacífica iniciada por Andrés Manuel López Obrador.