La austeridad, sin duda, es una demanda social cada vez más apremiante. Los ciudadanos exigen que las instituciones públicas hagan más con menos, optimizando recursos y evitando gastos superfluos. El INE, como órgano garante de la democracia, no es ajeno a esta exigencia y la necesidad de ajustarse a la realidad económica del país. Sin embargo, la búsqueda de la eficiencia no puede poner en peligro la operatividad y, sobre todo, el cumplimiento de las funciones esenciales que la Constitución le encomienda. Recortar el presupuesto del INE no es simplemente un tema de números, es un tema de proteger la salud democrática de México.

El Anteproyecto de Presupuesto para 2026, aprobado recientemente, plantea serias interrogantes sobre la viabilidad de llevar a cabo las tareas cruciales del Instituto. Si bien la cifra de 18 mil 210 millones de pesos puede parecer elevada a primera vista, es fundamental comprender la envergadura de las responsabilidades que el INE tiene a su cargo. Desde la organización de elecciones federales y locales, hasta la fiscalización de los partidos políticos, la capacitación electoral y la promoción de la participación ciudadana, cada una de estas actividades requiere de una inversión significativa para garantizar su correcta ejecución.

La preocupación se agudiza al analizar la precariedad laboral que se vislumbra para el próximo año. La propuesta de presupuestar únicamente el primer semestre para mil 677 plazas de honorarios permanentes es una señal alarmante. Estas plazas no representan cargos administrativos superfluos, sino personal operativo indispensable para el funcionamiento del Instituto en áreas clave como el monitoreo del cumplimiento de las pautas de los partidos políticos y la organización de los procesos electorales. Condicionar su continuidad a la generación de economías durante el primer semestre introduce una incertidumbre inaceptable que podría paralizar actividades esenciales y poner en jaque la capacidad del INE para cumplir con sus mandatos.

Además, la falta de recursos asignados a proyectos cruciales, como la atención y prevención del acoso sexual y laboral, el apoyo jurídico a las juntas distritales y la implementación del voto para personas en prisión preventiva, personas con discapacidad y mexicanos residentes en el extranjero, resulta profundamente preocupante. Estos proyectos no son extras, son parte integral de un sistema electoral incluyente y justo que busca garantizar el derecho al voto de todos los ciudadanos. Postergarlos o cancelarlos por falta de presupuesto representaría un retroceso significativo en materia de derechos humanos y un debilitamiento de la democracia.

El presupuesto del INE no debe verse como un gasto, sino como una inversión en la estabilidad y el futuro del país. Un INE con recursos insuficientes es un INE vulnerable, incapaz de responder a las exigencias de un sistema democrático complejo y dinámico. Es fundamental que el Congreso de la Unión, al momento de discutir y aprobar el presupuesto, tenga en cuenta la importancia estratégica del INE y le otorgue los recursos necesarios para garantizar el pleno ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía. De ello depende la fortaleza de nuestras instituciones y la confianza de los ciudadanos en la democracia. La austeridad no puede ser sinónimo de precariedad, especialmente cuando lo que está en juego es la integridad del proceso electoral.