La búsqueda de personas desaparecidas en México se ha convertido en una prioridad ineludible para el gobierno de Claudia Sheinbaum. La Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ha enfatizado la necesidad de una acción coordinada y contundente entre los tres niveles de gobierno para abordar esta crisis humanitaria. No se trata solo de números, sino de historias, de familias destrozadas por la ausencia, de la angustia de la incertidumbre. Por ello, la Estrategia Nacional de Seguridad, en su primer eje, se centra en atacar las raíces de la violencia, reconociendo que la prevención es tan crucial como la reacción.

Las Mesas de Paz, con la participación de 298 municipios, se erigen como espacios fundamentales para la articulación de esfuerzos y la implementación de programas que fortalezcan el tejido social. El objetivo es claro: llevar bienestar, oportunidades y alternativas a las comunidades, especialmente a los jóvenes, para evitar que sean víctimas de la delincuencia o las adicciones. Se busca un cambio palpable en la realidad de las zonas más vulnerables, donde la falta de servicios básicos, como alumbrado público, limpieza y pavimentación, no solo deteriora la calidad de vida, sino que también alimenta la percepción de inseguridad.

La colaboración entre los gobiernos estatales y federal es esencial. Se ha establecido un diálogo directo con las familias de las víctimas y las organizaciones que las representan para comprender sus necesidades y fortalecer la Ley de Búsqueda. La implementación de la CURP biométrica se presenta como una herramienta clave, no solo para la identificación, sino también para la búsqueda de personas desaparecidas. La actualización constante de los registros civiles por parte de los estados es crucial para el éxito de esta iniciativa. Del mismo modo, se requiere un registro forense adecuado de los restos humanos resguardados para avanzar en la identificación y brindar respuestas a las familias.

Más allá de la tecnología y los procedimientos, se reconoce la importancia del factor humano. Se busca brindar acompañamiento y seguridad a las familias y colectivos en sus recorridos de búsqueda, reconociendo su valentía y compromiso. También se plantea un programa de bienestar para los hijos de personas desaparecidas, con el fin de apoyarlos en su desarrollo y mitigar el impacto de la ausencia de sus padres. La capacitación y sensibilización de los servidores públicos es otro aspecto crucial, para asegurar una atención digna y respetuosa a las víctimas, libre de discriminación y estigmatización.

La creación de fiscalías especializadas en desaparición en todos los estados, dotadas de unidades de análisis de contexto y herramientas para la búsqueda en vida y forense, es una demanda urgente. Se insta a los Congresos estatales a armonizar la Ley General y a no dilatar más la implementación de estas medidas cruciales. La respuesta a los cuestionamientos sobre el compromiso del gobierno no está en las palabras, sino en las acciones, en la atención a las víctimas, en la coordinación y la suma de esfuerzos. Cada historia de desaparición es un llamado a la acción, un recordatorio de la responsabilidad que tenemos como sociedad de buscar la verdad y la justicia. La esperanza de las familias es el motor que impulsa esta búsqueda incesante, y la unidad es la clave para lograr resultados.