La madrugada se tiñó de tensión en Santa Mónica, Epazoyucan. El silencio habitual de la comunidad fue roto por gritos y el clamor de justicia. Dos figuras, atrapadas entre la furia colectiva, se convirtieron en el epicentro de una escena que refleja la creciente desesperación ante la inseguridad. Acusados de perpetrar una serie de robos que han mantenido en vilo a la región, los dos sujetos fueron sorprendidos in flagranti intentando ingresar a una vivienda. La respuesta de la comunidad fue inmediata y contundente: se organizaron, los retuvieron, y la indignación se desbordó en una ola de golpes que culminó con los presuntos delincuentes desnudos y amarrados, a merced de la ira popular.

El espectro del linchamiento se cernió sobre Santa Mónica. La rabia, alimentada por el miedo y la impotencia ante la delincuencia, amenazaba con tomar la justicia por su propia mano. La oportuna llegada de la policía municipal evitó una tragedia. Sin embargo, el rescate no fue sencillo. Los ánimos estaban caldeados y la tensión se podía cortar con un cuchillo. Tras largos minutos de negociación, los pobladores accedieron a entregar a los retenidos, quienes fueron trasladados al Hospital General de Pachuca para recibir atención médica por las lesiones sufridas. Mientras tanto, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) ha iniciado una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades, un proceso crucial para asegurar que la justicia prevalezca dentro del marco de la ley.

Este incidente en Santa Mónica no es un caso aislado. Lamentablemente, se suma a una preocupante estadística que coloca a Hidalgo como uno de los estados con mayor incidencia de violencia colectiva en el país. Según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en lo que va del año se han registrado 13 intentos de linchamiento en el territorio estatal, una cifra que enciende las alarmas y exige una reflexión profunda sobre las causas que subyacen a esta problemática. La impunidad, la falta de confianza en las instituciones y la percepción de inseguridad alimentan un caldo de cultivo propicio para la justicia por propia mano, una espiral de violencia que pone en riesgo el estado de derecho y la vida de las personas.

Desde 2015, se han documentado 190 casos de violencia colectiva en Hidalgo, concentrándose principalmente en los municipios del Valle del Mezquital y la Huasteca, regiones que cargan con el peso de la marginación y la falta de oportunidades. Estos datos no son simples números, representan historias de dolor, frustración y un clamor por seguridad que no puede ser ignorado. Entre 2018 y 2022, cinco personas perdieron la vida en linchamientos ocurridos en Tulancingo, Cuatepec y Metepec, víctimas de la confusión y la ira desatada. Estas tragedias nos recuerdan la fragilidad de la vida y la urgente necesidad de fortalecer el tejido social, promover la cultura de la legalidad y garantizar el acceso a la justicia para todos.

El caso de Santa Mónica nos obliga a preguntarnos: ¿Qué lleva a una comunidad a tomar la justicia por su propia mano? ¿Cómo podemos construir un ambiente de paz y seguridad donde la ley sea el árbitro y no la venganza? La respuesta no es sencilla, requiere un esfuerzo conjunto de la sociedad, las autoridades y las instituciones para atender las causas profundas de la inseguridad, fortalecer el estado de derecho y promover la cultura de la paz. El futuro de Hidalgo, y de México, depende de ello.