El eco de la promesa de transformación resuena aún en los pasillos del Poder Judicial. El ministro presidente Hugo Aguilar, en una ceremonia cargada de simbolismo –la entrega del bastón de mando y servicio–, reafirmó el compromiso adquirido el 1 de junio: sanear, desde la raíz, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y extender esa purificación a todo el entramado judicial del país. No se trata de una simple declaración de intenciones, sino de un plan de acción concreto, fruto de intensas jornadas de trabajo. Ocho reuniones, ocho encuentros entre los nuevos ministros y ministras, han sido la fragua donde se han forjado las bases legales que desmantelarán los privilegios que, por demasiado tiempo, han distanciado a la justicia del ciudadano común.

Aguilar, con la voz firme y la mirada puesta en el futuro, habló de un mandato popular, un clamor por una justicia accesible, una justicia que mire, por fin, hacia abajo, hacia quienes han sido históricamente excluidos del sistema. Un sistema que, en muchas ocasiones, se ha percibido como una fortaleza inexpugnable, reservada para unos pocos. Esa percepción, según las palabras del ministro presidente, está destinada a cambiar. La justicia, como un río que fertiliza la tierra, debe llegar a todos los rincones del país, irrigando con equidad cada caso, cada conflicto, cada demanda.

La reforma al poder judicial, piedra angular de esta transformación, no solo abre las puertas de la Suprema Corte a las voces de los pueblos originarios –un hito histórico largamente anhelado–, sino que representa la posibilidad de construir un nuevo modelo de justicia. Un modelo donde los recursos, la inteligencia y el esfuerzo de los magistrados se enfoquen en garantizar la equidad y el acceso a la justicia para todos, sin importar su origen, su condición social o su poder económico.

El camino no será fácil. Desmontar estructuras arraigadas, combatir inercias y resistencias, requerirá de un esfuerzo titánico y de la colaboración de todos los actores involucrados. Por ello, el ministro presidente hizo un llamado a la ciudadanía, acompañar cada paso, a ser vigilantes del proceso, a exigir que las decisiones tomadas estén a la altura del anhelo nacional de una justicia verdaderamente al servicio del pueblo.

La tarea es monumental, pero la esperanza se renueva. El compromiso está asumido. El bastón de mando, símbolo de autoridad y responsabilidad, ha sido entregado. Ahora, queda esperar que las palabras se traduzcan en hechos, que la promesa de transformación se convierta en una realidad palpable para todos los mexicanos. El tiempo, juez implacable, dictará sentencia. La historia, fiel testigo, registrará el resultado de este ambicioso proyecto. El pueblo, esperanzado, aguarda.